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Arizpe.— “Estamos perjudicados en la salud, en las actividades económicas y en el abasto de agua”, manifestaron los voceros de la cuenca Río Sonora, quienes a dos años de ocurrido el derrame de 540 toneladas de sulfato de cobre acidulado y otros metales venenosos en el afluente, lamentaron que “no hay autoridad que nos apoye ante la irresponsabilidad del fideicomiso” conformado por el gobierno y Grupo México, la empresa cuprífera más grande de América Latina y responsable del desbordamiento.

Este 6 de agosto se cumplen dos años del derrame de Grupo México que afectó a más de 22 mil personas, reconocidos en forma oficial, quienes viven un destino incierto, según los representantes de los pobladores.

La inconformidad por la entrega de apoyos por daños a la salud, actividades productivas y toma de agua persiste, coinciden representantes de los comités de cuenca Francisco Ramón Miranda y Francisca García, de Aconchi, y Oscar Encinas y Mario Salcido, de Ures.

Para estos habitantes no hubo una repartición equitativa de reparación del daño; acusan que se tomaron padrones existentes en los organismos municipales que operaban el agua y de apoyos ganaderos, beneficiándose a quienes más tienen.

En total, mil 250 millones de pesos que se fueron erogando en el abatimiento de los problemas y un remanente de 750 millones de pesos se quedó para hacerle frente a dos grandes problemas: La construcción de la clínica del UVEAS (Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora), en Ures, para atender y monitorear a los afectados, y la construcción de las plantas potabilizadoras.

“A dos años ni tenemos la construcción de esa clínica, que debe estar monitoreando a 360 personas afectadas en su salud, ni la construcción de las plantas potabilizadoras por ósmosis inversa”, dijo el delegado de la Secretaría de Gobernación en Sonora, Wenseslao Cota Montoya.

Sin contaminación. César Alfonso Lagarda, delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), expresó que como ciudadano y como funcionario, se siente contento de haber suspendido por tres meses la operación de los pozos, porque ello evitó que pudieran contaminarse. “Ahorita no se ha detectado presencia de metales producto de ese derrame”, aseveró.

Aclaró que es obligación de la empresa hacer análisis cada 15 días y cada mes, tanto de las aguas del río como de las fuentes de abastecimiento. En cuanto Cofepris o algún municipio detecte que el agua no cumple con la norma deberán suspender el bombeo de los pozos, “pero al nadie nos ha informado que esté contaminada”, dijo.

Los metales que contaminaron los Ríos Sonora y Bacanuchi salieron de Cananea y quedaron alojados en la presa El Molinito, ubicado en la zona rural de Hermosillo, los cuales después fueron trasvasados a la presa Abelardo L. Rodríguez de esta ciudad.

Renato Ulloa Valdez, administrador de Agua de Hermosillo, aseguró que ningún pozo que abastece a los habitantes de esta capital se encuentra contaminado de acuerdo a los estudios que realiza en forma periódica el laboratorio Analítica del Noroeste.

Sin embargo, un reciente reporte confidencial de la Cofepris al que tuvo acceso EL UNIVERSAL indica que de 355 muestras a los pozos de la red pública municipal de Ures, Aconchi, Arizpe, Banámichi, Baviácora, Huépac, Topahue y Molino de Camou de Hermosillo, 41 se encuentran fuera de la norma con arsénico, dureza total, fierro, fluoruros, manganeso y sulfatos, según el laboratorio ABC.

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