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La apertura de paquetes electorales, sin que haya concluido el proceso electoral 2016; la sustracción de listas nominales, la captura de datos de éstas por personal del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) y su inexistente resguardo, fueron denunciados ante la Procuraduría General de la República (PGR), por una de las consejeras del organismo.
La noche del jueves pasado, la consejera Claudia Carrillo Gasca, presentó la denuncia ante la PGR, que recibió el folio FED/ QROO/ CHET/ 0000/ 2016, solicitando que se abra una investigación por hechos que presenció el 17 de agosto pasado.
Las quejas de Carrillo Gasca ante la Junta Ejecutiva Local del Instituto Nacional Electoral (INE) y ante la propia consejera presidenta, Mayra San Román Carrillo Medina, han propiciado que sea víctima de hostigamiento y amenazas por parte de directivos del propio instituto, según lo expresó la funcionaria en entrevista con EL UNIVERSAL.
“A raíz de que cuestioné lo que estaba pasando, no sólo a la consejera presidenta, sino a los directores de Organización (Alberto Alcocer) y de Partidos Políticos (José Luis Nolasco), he sido amenazada de que ‘ya le baje’.
“Soy una perseguida y temo por lo que me pueda llegar a pasar, por negarme a incurrir en alguna ilegalidad, en alguna arbitrariedad o en una omisión”, subrayó.
Para Carrillo Gasca los hechos son muy graves, porque se abrieron paquetes electorales cuando la elección aún no ha sido calificada y pese a que existen aun cinco impugnaciones pendientes de resolverse.
Se trata de la elección de gobernador, interpuesta por el Partido Verde (PVEM), en contra del triunfo de Carlos Joaquín; y las de cuatro municipios: Benito Juárez (Cancún), Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas y Puerto Morelos, promovidos por la coalición PAN-PRD.
Los hechos
El 17 de agosto la consejera se percató de que secretarias y personal a cargo de los consejeros, Thalía Hernández, Juan Manuel Pérez y Jorge Poot Pech; a los directores de Organización, Alberto Alcocer Anguiano; Capacitación, José Marrufo Esquivel y de Partidos Políticos, José Luis Nolasco, del IEQROO, estaban capturando nombres, clave de electoral y clave óptica (OCR), contenidas en listas nominales extraídas de paquetes electorales.
Cuando preguntó quién dio la instrucción, qué era lo que estaban haciendo y por qué, nadie quiso responderle. Carrillo Gasca vio que la información capturada se iba grabando en dispositivos USB y luego era borrada de las computadoras.
“Hubo quien me dijo que era para hacer estadísticas de cuántos hombres y mujeres habían votado en la elección del cinco de junio; pero entonces les pregunté que porqué estaban capturando otro tipo de datos. No me quisieron contestar. El personal estaba nervioso; había gente ajena al instituto.
“Les dije que por qué estaban sacando la información en USB. ¿A dónde la llevaban? Es muy grave porque no sabemos a qué casillas pertenece y ¿quién nos asegura que no es información de casillas de las elecciones que están impugnadas actualmente?”, cuestionó.
Sobre la postura de la consejera presidenta, Mayra San Román, ante el oficio en que le cuestiona la situación, no informada ante el Consejo General del IEQROO, Carrillo Gasca dijo que la funcionaria “no da la cara”; que hasta el momento no ha dado ninguna respuesta.
Los consejeros Luis Carlos Santander y Sergio Avilés, también reportaron lo sucedido, pidiendo una explicación, pero nadie les ha esclarecido por qué la captura irregular de datos y la apertura de paquetes electorales.
Lo que ha recibido Carrillo Gasca de directores de Organización y Partidos políticos, son desdenes y amenazas.
“Que ya le baje si no quiero tener problemas con el Ejecutivo del estado (Roberto Borge)” -le advirtió José Luis Nolasco- “que no tiene por qué darme explicaciones”, le dijo Alcocer.
Carrillo Gasca enfatizó que no existe acuerdo del INE, convenio o documento que haya sido del conocimiento del Consejo, para solicitar, instruir u ordenar, la apertura de paquetes electorales, la captura de datos de listas nominales y la grabación de esa información en dispositivos extraíbles.
“No existe ningún protocolo para evitar que la información sea destruida o alterada, por ejemplo”, señaló, al tiempo en que acotó que a partir de que la denuncia de lo ocurrido se hizo pública, estas actividades se frenaron.
“De hecho, el viernes se había dicho que habría una sesión del Consejo, que se canceló. Ya no se hizo y a todo el personal lo retiraron a las 2 de la tarde, cuando la hora de salida es a las cinco. ¿Quién nos asegura que no fueron a otro lado a seguir con la captura de datos?”, alertó.
