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Empresarios de los centros de verificación vehicular pidieron al gobierno estatal dar marcha atrás a la decisión de suspender el programa de verificación, porque pone en riesgo la estabilidad financiera y la continuidad de las inversiones de los 42 negocios de medición de contaminantes en el estado.
Así lo dijo César Ayala Campos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), delegación Morelos, al anunciar la búsqueda de un encuentro con el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), Topiltzin Contreras para encontrar una solución que permita a los empresarios mantener sus negocios, y a la dependencia estatal continuar con su programa oficial.
La semana pasada el gobierno estatal anunció la suspensión del programa de verificación hasta finales de diciembre, para comenzar enero de 2017 con nuevos equipos para medir la emisión de contaminantes. Precisó que en septiembre termina la vigencia de las 42 concesiones de verificación y por lo tanto se emitirá una nueva convocatoria para concursar nuevas concesiones.
En este contexto Ayala Campos afirmó que los empresarios afirman que el anuncio sobre la suspensión del programa de verificación vehicular los tomó por sorpresa, pues no fueron avisados con tiempo.
Al contrario, dijo el líder de la Canacintra, semanas antes representantes de la SDS les pidieron que adquirieran nuevos aparatos de medición y que, en algunos casos, modificarán las instalaciones de sus negocios.
De acuerdo con Ayala Campos los empresarios de verificentros se dicen perjudicados de forma económica por esta medida que adoptó el gobierno estatal, y temen una andanada de protestas por parte de sus trabajadores así como la posibilidad de una cascada de demandas laborales, incluso por despido injustificado.
El dirigente de Canacinra observó que sólo Morelos de todos los estados que forman la megalópolis decidió suspender la verificación vehicular, por lo que consideró necesario un encuentro con el titular de la SDS, Topiltzin Contreras, para encontrar una solución que beneficie a las dos partes.
De acuerdo con el gobierno estatal, con los nuevos equipo de verificación se previene la impunidad en actos de corrupción realizados en los verificadores o los ciudadanos, mediante la implementación de un sistema centralizado de procesamiento, controlado por la autoridad, y el uso de sensores remotos para vigilancia y evaluación.
La nueva disposición oficial da facultades a la Profepa para realizar la inspección y vigilancia de los centros de verificación.
En su plan de operación, el gobierno estatal señala que los verificentros deberán adquirir un enlace de red privada virtual para conectarse con la central; deberán homologar sus equipos de verificación, tendrán un sistema para prueba OBDII (Sistema de Diagnóstico a Bordo), y el costo de la actualización de equipos para verificentros de Morelos esta estimado en 35 mil dólares y el tiempo de instalación es de tres meses.
