Se manifiestan en Tulum contra desalojos irregulares

Dos manifestaciones simultáneas se desarrollaron hoy en Tulum, por el abandono en la zona maya, las carencias de servicios que padecen sus habitantes y ante el desamparo en que ha quedado un promedio de 300 empleados que laboraban en los hoteles ubicados en casi un kilómetro de playas en Punta Piedra, en donde se ejecutó un desalojo el 17 de junio pasado.

Estas protestas estuvieron antecedidas por la manifestación que realizaron policías de Tulum, quienes reclamaron al alcalde, David Balam, las magras condiciones de trabajo y los pésimos sueldos que perciben; los agentes le exigieron al munícipe la destitución del director de la corporación, Luis Germán, a quien acusaron de presuntos abusos.

El ex director de Turismo y ex candidato a la presidencia municipal, Jorge Portilla, fue acusado de orquestar la protesta de los policías, lo cual desmintió a través de su cuenta de twitter.

Habitantes del noveno municipio denunciaron que la manifestación que se realizaba en Punta Piedra fue reprimida por la policía municipal e incluso expresaron que se oyeron detonaciones de armas de fuego en la zona de playa.

Algunos testimonios refieren que hubo un intento por recuperar alguno de los 16 predios que fueron desalojados el 17 de junio pasado, por orden de un juez radicado en Playa del Carmen, lo cual motivó el enfrentamiento con la gente armada que se mantiene custodiando las propiedades.

Los disturbios ocurrieron a la altura del hotel Ahau, en los terrenos en disputa, fruto del masivo desalojo en casi un kilómetro de costa.

Luis Paradas, uno de los hoteleros afectados por los “despojos” o “fraudes” –como les llaman los afectados- dijo en entrevista con EL UNIVERSAL, que en ambas manifestaciones participan las y los empleados que se quedaron sin trabajo e ingresos, al cerrarse los hoteles, luego de los desalojos.

Otra de las manifestaciones bloqueó el crucero de la carretera federal y el camino hacia Cobá. La protesta agrupa a la ciudadanía y a los habitantes de la zona maya del municipio, cuyas carencias les llevaron a alzar la voz en contra del alcalde.

Empresarias y empresarios que pidieron omitir sus nombres, acusaron al presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum, Adolfo Contreras, de coludirse con Esteban Schiavon –quien se asume como legal propietario de los predios desalojados- y de intentar callar las protestas de la gente afectada, con el argumento de que están afectando “la imagen del destino”.

Este medio intentó obtener la versión del edil, David Balam y del dirigente de los hoteleros, Adolfo Contreras, sin éxito.

El lunes pasado la Asociación Mexicana de Propietarios e Inversionistas (AMPI) exigió a las autoridades esclarecer los casos de 60 desalojos en Cancún y Tulum, que presentan irregularidades o ilegalidades.

El organismo dijo que si bien se tiene registro de 22 “despojados”, de las 22 mil operaciones que se realizan ante el Registro Publico de la Propiedad al año, la situación es “gravísima y duele; y se tiene que atender”, de acuerdo con lo declarado por James Tobin Cunningham, dirigente de la asociación, capítulo Cancún.

Una semana atrás las embajadas de Francia, Italia, Portugal y de los Países Bajos, en México, solicitaron la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que las autoridades competentes abran una “profunda y seria investigación” sobre el desalojo irregular antes citado.

Los “despojos” se han realizado a través de dos vías, de acuerdo con los afectados. Una, a través de juicios laborales “armados”, en donde un ex empleado demanda a alguno de los propietarios y, a través de la presunta complicidad de la Junta de Conciliación y la Secretaria del Trabajo, se condena al dueño a indemnizar al ex trabajador.

Al propietario no se le notifica y el paso siguiente es que la policía con gente armada se presentan a desalojarle de su inmueble, con el laudo laboral de por medio.

La estrategia mas reciente fue ocupar la figura ficticia de dos personas que rentaban 16 predios costeros al empresario Schiavon, quien les demandó por dejarle de pagar la renta. Lo siguiente fue la presencia de grupos de choque en las propiedades –ocupadas por quienes se ostentan como los dueños reales- y echarles, con un notario que argumentaba que daba cumplimiento a un desalojo.