Expediente ABC. Quieren penas más altas para culpables

Tanto padres de familia de las víctimas del incendio en la Guardería ABC como sentenciados apelaron la resolución que el juez primero de distrito, Raúl Martínez que emitió el pasado 13 de mayo. El juzgador condenó hasta por 29 años a 19 personas por los delitos de homicidio culposo y absolvió a tres.

Además, preparan una demanda ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) para exigir que también sean castigados el ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours; ex alcalde de Hermosillo, Ernesto Gándara, y el ex director del IMSS, Daniel Karam, entre otros.

También anunciaron que la próxima semana acudirán a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para pedir su intervención a fin de que la procuradora General de la República, Arely Gómez, cumpla el derecho de audiencia, que han solicitado desde hace más de nueve meses.

Inicialmente había 32 personas procesadas —se incluía a funcionarios de alto rango de los tres niveles de gobierno— por el caso, pero la lista se depuró a 22. Los 10 restantes obtuvieron una sentencia absolutoria, hubo un sobreseimiento o se extinguió la acción penal tras el perdón otorgado a su favor por los ofendidos.

Desde hace más de cinco años, fueron beneficiados con una sentencia absolutoria anticipada (sobreseimiento), dos de los cuatro dueños de la guardería ABC: Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, prima de la ex primera dama, Margarita Zavala, y Gildardo Urquídez Serrano.

Por una resolución judicial a su favor, tampoco fueron sentenciados el ex gobernador de Sonora; el ex secretario de Hacienda estatal, el ex director del IMSS, la ex directora de Guarderías Subrogadas del IMS y el ex presidente municipal de Hermosillo.

Los representantes legales de los movimientos 5 de Junio, Lorenzo Ramos, y de Manos Unidas, por Nuestros Niños, Gabriel Alvarado, aseguraron que se trata de una resolución parcial de justicia, pues no se llega a la verdad histórica de los hechos y aunque la escena del crimen se encuentra modificada, a siete años, esperan un nuevo peritaje y un nuevo expediente con otra línea de investigación que involucre a los que no fueron procesados.

En busca de justicia internacional

El fallo que se dio en mayo pasado, en el que se sentenció a dos de los cinco dueños de la Guardería ABC a 28 años de prisión, no es suficiente para padres de los niños que murieron en el incendio. Ante ello, preparan una demanda que presentarán ante la CIDH, aunque el juicio continúa en México.

“No tenemos que esperar a lo que falte legalmente, porque la justicia ha dilatado mucho, y eso también es una injusticia. A partir de todo lo que hemos vivido, podemos hacer una solicitud a instancias internacionales y lo estamos trabajando desde hace casi un año”, dice Julia Escalante, mamá de Fátima Sofía, una de las 49 víctimas mortales.

Considera que el proceso de investigación sobre las causas que originaron el fuego en la bodega contigua a la guardería, de la Secretaría de Hacienda estatal, y que se presume fue un incidente provocado, no ha avanzado por el camino correcto. “Los hechos históricos de Sonora nos han demostrado que cada vez que hay elecciones se quema una bodega del gobierno del estado donde había papeles”.

Recuerda que desde 2013, la Procuraduría General de la República (PGR) abrió una línea de investigación que señalaba que el incendio fue provocado, y no causa de un cortocircuito en un aparato de aire lavado.

Dice que los peritajes no cumplen con los parámetros de justicia internacional, para garantizar que sus resultados sean confiables, por lo que Julia sólo confía en el análisis independiente del perito estadounidense David Smith, en 2010, el único que señaló que había cajas de cartón quemadas y residuos de gasolina en el lugar.

“Te cito un ejemplo, el anterior procurador, Jesús Murillo Karam, se comprometió con nosotros en la nueva línea de investigación a hacer un peritaje con especialistas extranjeros, con peritos de Inglaterra. Al final de cuentas se hizo con gente de México.

“Y qué pasa, no es que subestimemos a expertos de acá, que tienen muchas cualidades, pero la idea era no contaminar con gente de aquí, que tiene influencias e intereses en el tema. Al final del día se terminó con gente, incluso, del estado de Sonora, involucrada en los anteriores estudios”, detalla.

El compromiso que adquirió la actual procuradora Arely Gómez, de realizar un nuevo peritaje con un equipo estadounidense, tampoco alienta mucho a Julia. “Un peritaje a estas alturas es muy difícil, porque en el transcurso del tiempo se han ido borrando muchas evidencias, y otras que se las han llevado, entonces tenemos que buscar otras formas”, dice.

La condena

Abogados y padres de los niños desaprobaron la resolución del juez. Insisten en que la mayor tragedia infantil en la historia del país ocurrió por la expansión del incendio de una bodega de la Secretaría de Hacienda del gobierno del estado, unida en pared y techo con una guardería subrogada del IMSS, con un saldo de 49 menores muertos, 26 con heridas de quemaduras y 81 niños expuestos, con lesiones internas por inhalación de humo.

El juez Primero de Distrito, Raúl Martínez Martínez, el 13 de mayo pasado, emitió una sentencia en relación al expediente 126/2009 integrado a raíz de la tragedia. Condenó por los delitos de homicidio culposo a 19 personas y absolvió a tres, además del pago de una multa y a la reparación del daño.

El juez determinó que estas 19 personas señaladas culpables tienen suspendidos sus derechos políticos y civiles, además de los sustitutivos de la pena privativa de la libertad, lo cual significa que en caso de interponer un amparo y no prosperar, estarán en la cárcel sin derecho a fianza.

De acuerdo con el expediente, cuya copia posee EL UNIVERSAL, las personas sentenciadas no irán a la cárcel de inmediato porque el juez dictó sentencia por el delito de homicidio y lesiones culposas, considerados delitos no graves, por lo que las siguientes etapas del proceso estarán libres hasta que finalicen las etapas legales subsecuentes y la sentencia quede firme.

El proceso podría durar de tres a cinco años más, explicaron los abogados. En la expedición de permisos de operación de la guardería participaron funcionarios de los tres niveles de gobierno; unos 10 funcionarios han estado en la cárcel y han salido libres bajo fianza. Hoy no hay ningún encarcelado..

Los primeros 10 funcionarios sin sentencia —recursos obtenidos en diversos años—, inicialmente fueron señalados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuya resolución de noviembre de 2010 documentaba su responsabilidad, como en el caso de Juan Francisco Molinar Horcasitas, quien falleció en mayo de 2015, pues como director general del IMSS autorizó la operación de la guardería.

Otros de los responsables, según el dictamen, fue Eduardo Bours, gobernador de Sonora de 2003 a 2009, al considerar que era el responsable directo de la operación del Sistema Estatal de Protección Civil y encargado del diseño de las políticas públicas en la materia.

En el caso de Ernesto Gándara, ex edil de Hermosillo, fue señalado de ser responsable al encabezar la integración y funcionamiento del Sistema Municipal de Protección Civil; se le atribuye la falla del sistema en detectar y mitigar el riesgo exponencial al que estaba sujeta la Guardería ABC.

La historia de la estancia

Los dueños de la Guardería ABC solicitaron por escrito a la delegación de IMSS, el 26 de marzo de 2001, permiso para instalar una guardería. Se les otorgó el 5 de junio del mismo año.

Se celebraron dos contratos de subrogación del servicio. El segundo con vigencia del 2 de enero 2007 al 31 de diciembre de 2009. En representación del IMSS, los firmó Molinar Horcasitas y, por la sociedad, su apoderada Sandra Lucía Téllez Méndez. Además, intervinieron otros funcionarios del IMSS, como Fernando Gutiérrez, director Jurídico; Dora García Kobeh, coordinadora de Guarderías, y Arturo Leyva, delegado del IMSS en Sonora.

El 11 de diciembre de 2006 quedó certificado el expediente, pues estaba completo y actualizado. No obstante, el dictamen de seguridad se agregó el 5 de octubre de 2007, signado por Roberto Copado Gutiérrez, entonces director de la Unidad de Protección Civil Municipal, expedido por oficio DBT/576/07.