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Ante las demandas planteadas por integrantes del Consejo Coordinador Empresarial y del Caribe (CCEyC), el candidato a la gubernatura de Quintana Roo por la coalición PAN-PRD, Carlos Joaquín González, se comprometió a realizar una auditoría y castigar a los responsables de irregularidades cometidas durante la actual administración.
El abanderado de la coalición “UNE, Una nueva Esperanza”, se reunió ayer con empresarios, quienes le presentaron una suerte de pliego petitorio que reúne las demandas en ejes como desarrollo urbano, medioambiente, economía, transporte, transparencia, promoción y combate a la corrupción e impunidad.
Ofreció diseñar una estrategia para reducir la deuda pública que supera los 22 mil millones de pesos; destinar el 100 por ciento del Impuesto al Hospedaje (IH) en promoción y sumarse a la plataforma 3 de3, que implica presentar su declaración fiscal, patrimonial y de intereses.
Actualmente la deuda declarada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), alcanza los 22 mil millones 442.5 pesos, lo que implica que cada quintanarroense debe 14 mil 946.10 pesos. Sin embargo, el monto no incluye la deuda con proveedores, lo que podría elevar la suma a 25 mil millones de pesos.
La propuesta que el candidato hizo ante la iniciativa privada fue auditar la deuda contraída en los dos últimos dos gobiernos estatales, encabezados por Félix González Canto (2005-2011) y por Roberto Borge, para saber en qué se invirtieron los recursos, cuánto y cómo.
González Canto recibió una deuda de Joaquín Hendricks, de mil 927.8 millones de pesos y entregó un adeudo a Borge, de 13 mil 025.7 millones de pesos. Con el actual mandatario estatal la cifra se disparó a 22 mil millones de pesos.
Para garantizar el pago de la deuda –cuya tasa de interés es la más alta de México con 7.3 por ciento- están comprometidas las participaciones federales que recibe la entidad, en un 200 por ciento.
El servicio de deuda alcanzaba en julio de 2014, los mil 700 millones de pesos al año, de acuerdo con la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).
Las instituciones bancarias con las que se tenían o tienen contratados los empréstitos, son o eran Banorte, Banobras, HSBC, Multiva, Interacciones y Bansi. Se desconoce actualmente si esa información varió del año pasado a la fecha.
Carlos Joaquín, contador público de profesión, ofreció “una planificación financiera basada en disciplina, revisión de esquemas de uso y pago de la deuda; cuánto está costando, con quién está contratada, qué condiciones tiene y a partir de ahí tener una planeación con disciplina, honestidad y transparencia”.
En entrevista, se refirió también a las declaraciones hechas por su adversario, Mauricio Góngora, abanderado de la coalición PRI-PVEM-Panal, quien el lunes pasado dijo que si los 15 millones de turistas que anualmente visitan el estado, se sumaran al millón de habitantes que vive en la entidad, Quintana Roo no ocuparía la deuda per cápita más alta de todo México.
Góngora argumenta que los turistas también demandan servicios como pavimentación, drenaje, alumbrado y, por tanto, deberían tomarse en cuenta en la fórmula para medir la deuda por habitante, aunque los visitantes no vivan de forma permanente en el estado.
“Si dividimos la deuda entre un millón y medio, nos toca de a mucho, pero entre 15 millones más millón y medio, nos toca poquito”, expuso Góngora Escalante a las mujeres empresarias que le pidieron que no se endeude más a la entidad.
Al respecto, Carlos Joaquín, reviró: “Claro, nada más que ahí habría que sumar la derrama económica que generan esos 15 millones de turistas, que son cerca de nueve mil millones de dólares y que tampoco se consideran y por supuesta esa derrama viene a generar crecimiento económico y debería generar también la no necesidad de deuda”.
El Impuesto al Hospedaje
Sobre el destino del tres por ciento que se recauda a través del IH, el también ex subsecretario federal de Turismo garantizó que se destinará a la promoción turística y a la creación de producto turístico, mediante infraestructura y capacitación.
“Se habló del impuesto al hospedaje, el tema de la promoción turística. Estamos claros que el tres por ciento del impuesto deberá ir a los temas de promoción turística, teniendo en cuenta en la forma en que debemos generarla, que incluye la creación de producto, el mantenimiento de ese producto que se basa en infraestructura y capacitación”, expresó.
Añadió que las reglas y esquemas de operación de los fideicomisos de promoción, como la Oficina de Visitantes y Convenciones (OVC), que fueron modificadas por el actual gobierno para limitar la participación de empresarios, serán restablecidas y la iniciativa privada será reincorporada con voz y voto.
“Habría que buscar formas de promoción en el que sea ágil la toma de decisiones, en que participe la iniciativa privada; un fondo mixto, como originalmente se creó y daba buenos resultados”, manifestó.
Crédito de playas. “Alguien no está pagando”: CJG
En el tema de la recuperación de playas, adelantó que se realizará un plan integral para mantener las playas como producto turístico, con la participación directa del gobierno del estado.
“Sé que no se han cumplido las obligaciones financieras que el gobierno del estado debe de tener dentro del Fideicomiso y que eso ha estado generando una serie de dificultades que hoy no permite el cumplimiento de esa reglamentación y la necesidad de ofrecer el mantenimiento de playas”, manifestó.
El también ex diputado federal, dijo que existe un evidente “incumplimiento por parte de la contratación de un crédito, que alguien no está pagando”.
Ayer el ex presidente de la Asociación de Hoteles, José Chapur, dio a conocer que a 8 años de haberse solicitado los préstamos, sólo se ha pagado la mitad, pese a que en este año debía haberse finiquitado los poco más de 800 millones de pesos.
El crédito se solicitó a 8 años, con base en el 25 por ciento adicional que se cobraría a hoteleros por el uso, goce y disfrute de zona federal marítimo terrestre, que alimentaría un fideicomiso, fuente de pago del préstamo solicitado a Banobras.
La recuperación de Playas de Cancún y Playa del Carmen se costeó con recursos aportados por el gobierno federal, el estatal, los préstamos solicitados por los municipios de Cancún y Playa del Carmen, y el 25 por ciento adicional pagado por hoteleros.
cfe
