Profepa ordenará playas invadidas de Akumal y Tulum

Con la finalidad de poner orden en la zona federal marítimo terrestre de la Bahía de Chetumal y de Tulum y regularizar la actividad hotelera en ambas localidades, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) anunció la revisión de concesiones, permisos y autorizaciones de impacto ambiental a lo largo de la franja costera, en donde se registra el bloqueo en acceso de playa o invasiones.

Previo a la inauguración del Operativo Nacional “Playa en Regla Semana Santa 2016”, en donde dio a conocer la creación de la Subdelegación de Profepa en Tulum, el titular de la dependencia federal, Guillermo Haro Bélchez, realizó una visita de prospección a la Bahía de Akumal, en donde atestiguó las diversas irregularidades denunciadas desde hace años, por habitantes de la localidad.

El funcionario constató afectaciones en las áreas naturales de anidación de tortugas marinas, así como el bloqueo de particulares, a los accesos que la población posee hacia las playas públicas, lo que ha generado diversas protestas ciudadanas, que se han agudizado desde hace dos años, sin que ninguna autoridad intervenga.

Después del banderazo al operativo, que inició hoy en 17 entidades costeras del país, Haro Belchez fijó un mes como plazo para que se realicen operativos y se tenga presencia permanente en la zona costera, así como para conocer la situación de las autorizaciones, permisos y concesiones que en materia de impacto ambiental o de ZOFEMAT en la Bahía de Akumal y en Tulum.

La dependencia federal –dijo- debe “conocer, inspeccionar, sancionar, regularizar, en suma, poner en orden en todo Tulum y, en específico, en la Bahía. Y dotar de todos los instrumentos de recursos humanos, es pertinente anunciar la creación de una Subdelegación de la Profepa, que de tiempo completo resuelva las problemáticas en la zona”.

Mencionó que, conforme al decreto de Refugio Natural de las tortugas, en Akumal, se espera la regularización del uso de las playas públicas que “sin excepción, son propiedad de los mexicanos y no de la privatización (sic) de la mismas en todo Cancún”.

Informó que en 15 días máximo se reunirá con pobladores de Akumal, en compañía de funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para elaborar acciones que solucionen la problemática ambiental en la zona.

“Asumimos el compromiso de un año para regularizar la Zofemat (Zona Federal Marítimo Terrestre) de Tulum, para el buen uso de las playas y de toda la riqueza natural de Quintana Roo”, resaltó.

Al hacer un balance de las acciones emprendidas en Quintana Roo, se manifestó que del 2013 a 2016, la Profepa realizó un total de mil 149 actos de inspección, así como 161 operativos en materia forestal, impacto ambiental, recursos marinos, vida silvestre y Zofemat.

Sin precisar los lugares o en qué municipios, se indicó que se clausuraron 13 aserraderos y 12 sitios por Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales; se aseguraron mil 084.84 metros cúbicos de madera; se puso a disposición del Ministerio Público Federal (MPF) a 27 personas; y se aseguraron 20 vehículos y 165 herramientas de aserrío.

Se detalló que se han impuesto 70 clausuras en materia de Impacto Ambiental, 15 de ellas en Bacalar; siete, en Benito Juárez (Cancún); cuatro, en Cozumel y en Felipe Carrillo Puerto; ocho, en José María Morelos; 14 en Othón P. Blanco (Chetumal), una, en Solidaridad (Playa del Carmen) y 17, en Tulum.

Los operativos realizados en materia de vida silvestre en la entidad en ese mismo periodo, permitieron el aseguramiento de mil 876 ejemplares de vida silvestre, una embarcación y dos artes de pesca.

En 2013, 2014, 2015 y 2016 se han asegurado mil 876 animales de diversas especies.

Para el combate de ilícitos ambientales se conformaron 28 Comités de Vigilancia Ambiental Participativa, donde operan 354 vigilantes en siete de los 11 municipios del estado.

La dependencia señaló que ha involucrado a la propia ciudadanía en labores de vigilancia y denuncia, pero omitió añadir que muchos ciudadanos han tenido que tomar acciones ante las omisiones de la propia autoridad ambiental, carente de recursos materiales y humanos para hacer frente a la problemática del estado con mayor biodiversidad en México.

En 2015 la Procuraduría otorgó 1.5 millones de pesos del Programa de Empleo Temporal (PET), el cual incentiva y refuerza las labores de vigilancia, lo que permite la detección oportuna de delitos y aseguramiento en flagrancia de personas, vehículos y productos.

No se mencionó que en muchos casos los inspectores llegan días o semanas después, lo que impide que puedan acreditar la flagrancia de los delitos ambientales y evitarlos o disminuir sus impactos adversos.

La dependencia resaltó que ha atendido y actuado en temas ambientales relevantes en Quintana Roo, como el Dragón Mart, clausurado el año pasado, tres años después de que les fue denunciado que carecían de permisos federales.

Se mencionó el caso Tulum, en donde Profepa ha aplicado diversas clausuras que son recurrentemente violentadas por hoteleros o ejidatarios, sobre todo dentro del Parque Nacional Tulum, en donde persisten la construcción de centros de hospedaje pese a que el decreto de área natural protegida lo impide.

Incluyeron Malecón Tajamar, polígono en Cancún, en donde la dependencia, su delegada, Carolina García y el propio Haro Belchez, han sido denunciados por omisiones y figuran en varios amparos promovidos por la ciudadanía.

También figuran en su lista de casos atendidos con “oportunidad”, el proyecto “Aerogolf”, en donde la dependencia no encontró ninguna anomalía, pese a las denuncias de grupos ambientalistas de la isla de Cozumel, que señalan que se autorizó de manera irregular, debido a que causará daños irreversibles en ecosistemas de la isla.

El proyecto, propiedad de Eduardo Toledo, padre del diputado federal y ex aspirante a la gubernatura de Quintana Roo, José Luis “Chanito” Toledo, contempla la edificación de un campo de golf, hangares y la lotificación para una zona residencia, requerirá que se talen 200 hectáreas de selva.