El gobierno independiente de Jaime Rodríguez Calderón —quien rindió protesta en octubre del año pasado— se ha visto mermado por 10 renuncias y opacado por los cuestionamientos generados por presuntos actos de corrupción, nepotismo y conflictos de interés de algunos de sus principales colaboradores.
Uno de los escándalos más sonados ocurrió en febrero, horas antes de la masacre en el penal de Topo Chico, que dejó 49 muertos, al conocerse que el entonces subsecretario de Administración de la Secretaría de Finanzas, Rogelio Benavides Pintos, había adquirido 200 mil cobertores, a casi un triple de su valor en el mercado, y mediante una licitación donde hubo un postor.

El gobierno de Rodríguez Calderón justificó la compra realizada en diciembre, con el argumento de que era urgente apoyar a los marginados ante la llegada del frío. A pesar de las denuncias penales contra Benavides Pintos, lo sostuvo en el puesto. El funcionario renunció 12 días después, según dijo, para evitar el “golpeteo”.
Antes renunció Miguel Treviño, jefe de la Oficina Ejecutiva de Jaime Rodríguez, por “motivos personales”, tras ser responsabilizado por el secretario particular de El Bronco, Luis Nelson Doria, de filtrar la información sobre la compra irregular de las cobijas.
El Bronco dijo que se fue porque emprendería “otros proyectos”. Treviño era pieza clave del grupo de Fernando Elizondo Barragán, quien declinó sus aspiraciones por Movimiento Ciudadano para sumarse a la candidatura de Rodríguez Calderón.
El pasado lunes, la administración estatal sumó la décima renuncia. Argelia Solís González abandonó la dirección de Administración y Finanzas del DIF estatal.
Adalina Dávalos, esposa del gobernador y presidenta estatal del DIF, explicó que la funcionaria, encargada de las licitaciones y compras, prefirió retirarse al sentirse muy presionada, porque no quería en algún momento ser “exhibida” en redes sociales por alguna irregularidad.
La semana pasada, por “motivos personales”, Humberto García Maldonado dejó la dirección de Parques y Vida Silvestre, pues en unas semanas será nombrado presidente de un consejo ciudadano de la dependencia.
La primera renuncia, apenas a un mes del nuevo gobierno, fue la del presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Ismael Rodríguez Campos, presuntamente por motivos de salud; siguió la del secretario del Trabajo, Julio César Castillo.
La subsecretaría de Energía, Verónica Sada Pérez, dejó el cargo por “motivos personales”, aunque después afirmó que no se sintió tomada en cuenta; mientras el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, Alfredo Treviño Pérez, quien alegó también “motivos personales”, supuestamente tuvo diferencias con el titular de la Secretaría de Seguridad, Cuauhtémoc Antúnez.
Otra baja es la de Alejandro Treviño Villarreal, subsecretario de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación, cuya titular Esthela Gutiérrez ha sido duramente cuestionada, presuntamente por permitir casos de nepotismo y contar con un chofer que gana 47 mil pesos mensuales.
La misma Esthela Gutiérrez es criticada por dobletear como investigadora y maestra en la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Otro funcionario que presentó su renuncia sin especificarse el motivo, es Alejandro Pérez, coordinador de Eventos Especiales del gobierno.
Hasta hoy de los 10 funcionarios que han abandonado el gobierno estatal, sólo Rogelio Benavides fue objeto de cuestionamientos públicos a su labor y era el único que pertenecía al primer círculo de colaboradores de El Bronco.
Uno que se mantiene en su puesto, en cambio, es el procurador Roberto Flores, sobre quien había objeciones desde antes de asumir el cargo. Fue objeto de cuestionamientos al revelarse que fue fichado en Las Vegas, Nevada, por girar tres cheques sin fondo. El funcionario compareció el jueves ante la Comisión de Justicia del Congreso, negó que haya sido arrestado o fichado y alegó que fue fotografiado al acudir a firmar un convenio para cubrir una deuda de juego, cuyo monto declinó mencionar.