El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) alertó sobre la intención del gobierno federal para impulsar modificaciones a la Ley General de Acceso a la Mujer a una Vida Libre de Violencia, con la finalidad de poner candados para decretar la Alerta de Violencia de Género (AVG) en aquellas entidades o demarcaciones en donde lo amerite.
“Nos han dicho las mismas autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob) que ahora todo mundo está pidiendo la alerta y que hay organizaciones que piden y que no están argumentando debidamente. Yo lo que le contesté es que como autoridad es su trabajo el investigar, pero no se puede cerrar o condicionar los criterios para pedir la Alerta.
“O sea, ellos ya no quieren investigar y el Congreso de la Unión, a través del Senado, está volviendo a llamar a mesas para discutir la Ley General de Acceso. Entonces es un riesgo que tenemos porque quieren poner candados a la Alerta, como mecanismo que está evidenciando la gravedad de los feminicidios y las desapariciones de mujeres en México”, expresó la coordinadora del observatorio, María de la Luz Estrada Mendoza.

La activista subrayó que la AVG se creó como un mecanismo de protección a las mujeres para que el Estado integre todas sus capacidades en aquellos lugares del territorio mexicano en donde se ha detectado la existencia de violencia feminicida, es decir, todas aquellas violencias que en conjunto ponen en peligro la integridad y vida de las mujeres o que culminan con el asesinato de las mismas.
Consideró que pese a sus deficiencias ha sido un mecanismo útil, aún cuando las fallas reales están en su aplicación y en la incapacidad de los gobiernos para hacer frente a la problemática, ya que prevalece la preocupación por la imagen o la ignorancia hacia el umbral de la violencia feminicida y sus consecuencias para la sociedad.
“Por eso debemos estar atentas y no decir ‘no sirve’ porque es lo que quieren para desaparecer este mecanismo que ha sido útil. Lo que falla es que no se aplica correctamente”, sostuvo.
Sólo tres declaratorias de alerta en ocho años
La Alerta de Violencia de Género se ha solicitado desde el 2008 para estados como Chihuahua, Oaxaca, Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Hidalgo, Chiapas, Baja California, Michoacán, Colima, Sonora, Morelos, Veracruz, Querétaro, San Luis Potosí y Quintana Roo.
Desde entonces sólo se han obtenido tres declaratorias. Uno de los casos más complicados fue el del Estado de México, en donde, finalmente, se decretó el 30 de julio de 2015. También se declaró en Morelos y recientemente en Jalisco.
El Reglamento de la Ley General de Acceso a la Mujer a una Vida Libre de Violencia posibilita que, antes de que se declare la Alerta de Género, se emita una recomendación a los estados, opción que ha suplido a la Alerta como tal, replicando la simulación para atender la problemática, consideró Estrada Mendoza.
Una vez que se solicita la declaratoria de AVG, se conforma un grupo de trabajo coordinado por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) e integrado por una persona de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim); otra, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); dos especialistas de alguna institución académica especializadas en violencia contra las mujeres y otro par de expertas del estado correspondiente.
Después de un mes de investigaciones, ese grupo rinde un informe que debe ser publicado. A partir de éste se dan recomendaciones al gobierno y se otorga un lapso de seis meses a los gobernadores para aplicar programas o acciones de combate a la violencia contra las mujeres.
Si se determina el cumplimiento de las recomendaciones, lo más probable es que no se declare la AVG.
Si el estado rechazar el informe y las recomendaciones que de éste emanen, o pese a aceptarlo, incumple con sus preceptos durante los seis meses que tiene como plazo, la alerta es declarada.
“Para mí ese es el mayor obstáculo, porque en el momento en que se emite la recomendación, es que se debe declarar la Alerta. De lo contrario, pasan los seis meses y las autoridades locales siguen investigando mal, sin protocolos, siguen simulando que atacan el problema, cuando en realidad no hacen nada o todo lo siguen haciendo igual de mal, mientras a las mujeres las siguen matando.