Este jueves, 280 integrantes de las autodefensas de diferentes regiones en la entidad, recibieron un monto de 90 mil pesos cada uno luego de desistir en su lucha civil armada, mediante la cual se hicieron cargo de la seguridad de sus comunidades y enfrentar al crimen organizado, responsabilidad que era competencia única del Estado, reconoció el gobernador Silvano Aureoles Conejo.

El mandatario indicó que si bien el poder público estuvo por muchos años en manos de la criminalidad, tras la complicidad de autoridades y corporaciones policiales, estos grupos armados jugaron un papel importante para proteger sus vidas, sus cultivos, su patrimonio y lo más importante de todo, a sus familias.

“Muchos de ustedes tuvieron que hacer esa tarea porque a quien le correspondía no la hizo, al contrario, con mucha tristeza vimos que no sólo no la hacían, sino que en muchos de los casos y las ocasiones protegían a los criminales, que estaban aliados con ellos”.

Ante los ex comunitarios de 15 municipios, Aureoles dijo que las autodefensas fueron un parteaguas para la recuperación del territorio; sin embargo, reiteró que la seguridad pública es responsabilidad única del gobierno.

Según el gobernador, este incentivo se prevé para casi mil 500 ex autodefensas que se acojan al programa de regularización e institucionalización en esta primera etapa.

Los grupos de autodefensas nacieron el 24 de febrero de 2013, tras varios años de asedio del grupo criminal de Los Caballeros Templarios. Los primero pueblos que se levantaron en armas fueron Tepalcatepec, la cabecera municipal de Buenavista Tomatlán y la tenencia de Felipe Carillo Puerto, donde lideró Hipólito Mora Chávez.

Sus principales enemigos eran Nazario Moreno El Chayo y Servando Gómez La Tuta, principales líderes del grupo criminal en Michoacán.

La lucha civil armada se extendió a por lo menos 32 comunidades de la entidad donde la población se armaba para limpiar sus pueblos de criminales; sin embargo, tras un acuerdo del Consejo General de Autodefensas y Guardias comunitarias, el 3 de abril se anunció el desarme e institucionalización de las guardias comunitarias.

Ese acuerdo fue firmado entre la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán encabezada por el comisionado federal Alfredo Castillo, en el que se estableció que quienes formaban parte de las autodefensas, ahora se convertirían en Fuerzas Rurales.

De las 32 comunidades, en 24 aceptaron institucionalizarse y en el resto decidió continuar como grupos de autodefensas, principalmente en la Costa y Sierra Costa, así como en la región de la Tierra Caliente colindante con el estado de Guerrero, que es de donde proviene este grupo de 280 elementos reconocidos este jueves con una indemnización, y que serán parte de la nueva Policía Estatal de Michoacán.

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