Confían en Guerrero que próximo gobierno atenderá recomendaciones

Tras dar a conocer su informe en el que califican a Guerrero como un estado violento, la Open Society Justice Initiative (la Iniciativa de Justicia de la Fundación para una Sociedad Abierta), y organizaciones no gubernamentales mexicanas, esperaron que el próximo gobierno atienda las recomendaciones hechas en materia de derechos humanos e impartición de justicia.

James A. Goldson, presidente de la organización internacional, consideró que tanto el nuevo Congreso local y el gobernador electo, Héctor Astudillo Flores, deben trabajar para revertir las cifras que laceran a la entidad: un estado con 19 mil 434 homicidios reportados entre 2005 y 2014 ante la autoridad a cargo de la investigación y persecución del delito, cifras que dijo, resultan sorprendentes para una entidad con una población de sólo 3.4 millones de habitantes.

En la presentación a medios del documento llamado “Justicia fallida en el estado de Guerrero”, a solo 24 días del primer aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, ocurrida el 26 de septiembre del año pasado, James A. dijo a nombre de la agrupación, que Guerrero debe trabajar en coordinación con la federación el tema de las fosas comunes y clandestinas no investigadas.

Revisar la coalición de las policías municipales con el crimen organizado, atender las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que desde 2005 ha hecho seis para Guerrero, reestructurar sus cuerpos policiacos, que con el caso Ayotzinapa, quedó al descubierto, están coludidos con la delincuencia organizada.

James A. Goldson consideró que luego de investigar el tema de derechos humanos y su cumplimiento en el estado, concluyeron que es necesario se cree el cargo de fiscal adjunto independiente estatal, porque los expertos de la organización observaron que no hay libertad del Tribunal Superior de Justicia y que sólo se alcanza la justicia en el 1% de los casos.

Es necesario que se investiguen los casos de abusos y atrocidades contra los derechos humanos, establecer equipos integradis y multidisciplinarios de fiscales, inestigadores y trabajadores sociales para investigar desapariciones, así como llevar a cabo investigaciones panales relacionadas.

Asegurarse de que los servicios forenses y de testigos expertos sean indepedientes de las autoridades políticas y de la oficina del procurador del estado, modificar la ley de tortura, crear un comité de supervisión de la Comisión de Derechos Humanos, compuesto por representantes de los ciudadanos, con un papel formal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.

“Justice Initiative, realizó el informe que costa  de 93 páginas en colaboración con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y pretenden que con su investigación el gobierno que encabezará a partir del 27 de octubre, el priista Héctor Astudillo vea cómo oportunidad las graves observaciones para “reconocer la magnitud y naturaleza de la crisis, evaluar fracasos pasados e implementar medidas firmes para la investigación y sanción de homicidios, desapariciones forzadas y torturas en Guerrero”.

En el informe, Justice Initiative recontó lo que ha ocurrido en Guerrero desde comienzos de 2005 y hasta abril de 2015, donde “la Procuraduría General de Justicia de Guerrero inició 7 mil 965 averiguaciones previas por homicidio doloso, las cuales dieron lugar a mil 601 acusaciones formales o consignaciones (20 % de las averiguaciones) y 764 sentencias condenatorias (9.6 % de las averiguaciones)”.

Añade que pesar de que la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero documentó 90 casos de desaparición involuntaria o forzada entre 1990 y 2014 —dos tercios de los cuales tuvieron lugar después de 2006—y de que la Procuraduría General de Justicia de Guerrero investigó 44 casos adicionales de este delito, “nunca se han presentado cargos contra persona alguna por estos casos de desaparición forzada”.

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