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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) tiene claro el diagnóstico de la situación que impide un mayor crecimiento en México: altos niveles de violencia, corrupción, pobreza, informalidad y baja productividad.
En alguna forma todos los problemas se tocan, se influyen y a veces uno es consecuencia de otro. La pobreza lleva a la informalidad. La corrupción se vuelve un freno para la disminución de los índices de inseguridad. De acabar con la corrupción seguramente los niveles de miseria en el país no serían tan altos. Todos ocasionan baja productividad.
El que en mayor medida puede atribuirse de manera directa a los gobiernos es el de la corrupción. Hasta ahora se acumulan más de 15 ex mandatarios estatales detenidos, procesados o prófugos.
En este momento el nada ético comportamiento de ex gobernadores vuelve a ser el centro de la opinión pública por la difusión de la forma de vida que lleva en Londres la esposa de Javier Duarte, ex mandatario de Veracruz, y las acusaciones de haber desviado al menos 112 millones de pesos desde su cargo al frente del DIF.
Conocer la zona exclusiva donde habita, las tiendas que frecuenta y la escuela a la que asisten sus hijos es un ejemplo de que los excesos de los gobernadores y sus familias ya no pueden pasar desapercibidos.
Si se tiene acceso a detalles es resultado, en buena parte, por la participación de organismos de la sociedad civil, que se han vuelto vigilantes de la administración pública.
No es raro que en los estados los poderes judicial y legislativo se sometan al gobernador, a pesar de que deberían ser un contrapeso. En esta coyuntura es cuando sociedad y organismos no gubernamentales deben actuar para ajustar el desequilibrio. En Veracruz, por ejemplo, las primeras protestas contra la forma de ejercer el gasto fueron de empleados públicos y de la universidad del estado al denunciar a la administración estatal por no transferirle recursos.
El mal manejo del dinero, sin embargo, no se limita a las oficinas estatales. El caso Odebrecht ha sacudido a gobiernos en América Latina, pero en México no hay acciones ante la presunción de sobornos. La corrupción también está presente cuando solo un puñado de empresas se benefician de contratos públicos o incluso en los sindicatos en el momento que los líderes se enriquecen a costa de los bolsillos de sus representados.
Calificar a la corrupción como uno de los principales frenos a un mejor nivel de vida no es una idea que provenga de voces de la oposición política. Está identificado por organismos internacionales. Si se atendieran recomendaciones muchas cosas comenzarían a cambiar.