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El año entrante en México habrá relevo en la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión, gobiernos estatales y Congresos locales, y decenas de alcaldías en 30 entidades de la nación. En total se disputarán 3 mil 400 cargos de elección popular, por lo que se ha dado en llamar al proceso electoral de 2018 como el más grande y complejo que se haya tenido que organizar en nuestro país.
Es en este contexto que el Instituto Nacional Electoral, INE, solicitará a la Cámara de Diputados, para el próximo año, un presupuesto de 18 mil 226 millones de pesos, monto por el cuál el órgano electoral ha sido fuertemente cuestionado —una vez más—, pues se observa desde la sociedad como una cantidad excesiva, y que ha llevado incluso a generalizar la versión entre la población de que la democracia mexicana es “la más cara del mundo”.
Ante ello, ayer el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, expresó: “Si por costo de la democracia solamente se piensa en la cantidad de dinero involucrada, México está muy lejos de lo que son las democracias más caras del mundo”, en defensa del presupuesto que solicitará el máximo órgano electoral para la organización de las elecciones del próximo año, que asciende a 25 mil millones de pesos.
En el mismo sentido, varios consejeros electorales advirtieron que si la cifra solicitada sufriera algún recorte, habría riesgos en las elecciones, debido a que se afectarían programas importantes para la correcta realización de las mismas, ya que dichos recursos servirán para que el INE ejerza plenamente sus atribuciones en la organización de las tres elecciones federales y los 30 procesos electorales estatales de 2018, y porque también se emplearán en la preparación del Padrón Electoral y en la fiscalización de cada una de las campañas que ocurrirán el año entrante.
Se sabe que la labor de organizar elecciones confiables es ardua y muy costosa, pero, independientemente de que las elecciones mexicanas sean o no las más caras del mundo, lo relevante aquí es que, así como el próximo proceso electoral representa un evidente reto para la gobernabilidad de México y por ende podría estar justificado un gasto oneroso, también está claro que la sociedad mexicana, cada día más desengañada de su clase política, se muestra escéptica —si no es que desconfiada— de sus autoridades electorales, y más luego de elecciones cuestionadas como las del Edomex y Coahuila.
