El costo de matar periodistas

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Las acciones que ha adoptado el gobierno federal para proteger a activistas y reporteros no están dando los resultados esperados. Ayer fue asesinado un periodista en Quintana Roo y días antes otro en la Ciudad de México.

En teoría, si activistas o trabajadores de la prensa reciben amenazas, pueden solicitar a instancias federales su adhesión al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. A Rubén Pat Cahuich, formar parte de ese esquema de protección no le alcanzó para evitar su muerte; fue asesinado a tiros la mañana de este martes en Playa del Carmen.

El director del semanario Playa News había denunciado en 2017 que recibió amenazas de policías municipales por haber revelado información que vincularía a funcionarios locales con la delincuencia organizada.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos registra más de 130 homicidios de periodistas del año 2000 a la fecha. ¿Cuántos fueron asesinados por la delincuencia común? ¿Cuántos por supuestos o reales nexos con el crimen organizado? ¿Cuántos por haber tocado fibras políticas de las cuales no quisieron mantenerse a distancia? Las razones de esas muertes se ignoran porque en la gran mayoría no ha habido resolución de los casos, ni castigo para los culpables.

La indolencia de esas muertes no puede atribuirse solamente al gobierno federal. Los gobiernos estatales han hecho poca cosa para indagar los crímenes que ocurren en su territorio.

El editor de EL UNIVERSAL Gerardo Martínez fue asesinado el pasado 6 de enero. A casi siete meses de distancia, sus asesinos siguen libres en las calles de la Ciudad de México.

Mientras los homicidios de trabajadores de la prensa se archiven en las oficinas públicas y pasen al olvido, se generarán alicientes para que continúen los ataques. El esclarecimiento de los asesinatos es una exigencia que proviene incluso de organismos internacionales, pero ni así hay avances de quienes tienen que entregar resultados.

En el año suman 10 los reporteros asesinados. Cada vez que se mata a un periodista, la ciudadanía queda sin la posibilidad de conocer una parte de la realidad en la que vive, y al mismo tiempo su voz disminuye con el riesgo de perderse totalmente y no ser escuchada. En ese momento la libertad de expresión y la vida democrática sufren un duro golpe, lo que representa un costo muy alto para nuestra sociedad.