Defender la democracia

Editorial EL UNIVERSAL

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La democracia mexicana se encuentra hoy seriamente amenazada. La creciente violencia criminal que asola regiones y pueblos enteros de nuestro país se ha “filtrado” a las campañas, convirtiendo a personajes políticos en blanco de ataques del crimen y haciendo del actual proceso electoral el más violento del que se tenga registro.

En los 254 días que han transcurrido desde su inicio treinta y seis aspirantes y candidatos a puestos de elección popular han sido acribillados; en 18 de los casos, autoridades policiales y testigos atribuyen el crimen a grupos armados o comandos que emboscaron a su víctima, el típico modus operandi del crimen organizado.

Aunque de estos 36 personajes asesinados sólo ocho eran oficialmente candidatos, cinco se consideraban precandidatos y los otros 23 eran aspirantes, es claro que en todas estas muertes se expresa de manera cruenta la peor violencia política y, algo sumamente preocupante, el afán de los grupos del crimen organizado y los cárteles de la droga de imponerse y anticiparse a la voluntad ciudadana y al propio sistema electoral mexicano.

Esta impresión se refuerza cuando observamos que las muertes se distribuyen por todo el país, sin importar la filiación política de los objetivos del crimen: prácticamente todos los partidos políticos e incluso figuras in dependientes, han sido agredidos o asesinados.

Con todos estos crímenes también queda evidenciado que el nivel municipal sigue siendo el más vulnerable, ya que concentra la mayoría de los ataques, ante lo que no se ha diseñado una estrategia pese a conocerse desde hace tiempo.

El caso de Zihuatanejo es dramáticamente ejemplar: entre diciembre de 2017 y marzo de 2018 este municipio guerrerense fue escenario del asesinato de tres políticos locales: Miguel Solorio Figueroa, Mariano Catalán Ocampo y Homero Bravo Espino, quienes aspiraban a gobernar Zihuatanejo, uno los principales polos turísticos de la entidad, ahora considerado una de las ciudades más violentas del país.

Como explican especialistas, el proceso electoral es el momento coyuntural en el que los grupos del narcotráfico y la delincuencia organizada buscan cooptar a quienes aspiran a convertirse en autoridades, generalmente mediante la ley de plata o plomo. Por ello mismo, con la información de que disponen sobre las zonas más “calientes”, en lo que resta del proceso electoral las autoridades deben brindar toda la protección necesaria a los candidatos de dichos puntos.

Ante estas señales inequívocas de que el crimen intenta hacerse de diversos cargos públicos en muchos entidades —algo que ya en sí mismo pervierte todo el proceso electoral—, el Estado debe actuar para defender la premisa básica de nuestra democracia: el derecho al voto libre.

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