Coahuila: gobierno blindado

Editorial EL UNIVERSAL

Considerar el gasto público como una extensión del bolsillo personal es lo que siempre se ha objetado a funcionarios de la llamada alta burocracia. Pago de celulares, de vehículos, de asesores, de secretarias, de seguro de gastos médicos mayores, de comidas… y de varios rubros más es lo que cubren con recursos oficiales. Si la mayoría de la población contara con esos satisfactores los cuestionamientos serían mínimos o nulos, pero en México más de la mitad de la población se encuentra en niveles de pobreza y una de cada dos personas que cuenta con un empleo tiene ingresos mensuales de apenas 5 mil pesos.

A pesar de que el pasado 1 de julio se dio una votación abrumadora en favor de las propuestas de terminar con muchos de esos privilegios y de comenzar una etapa de gobierno austera, hay gobernantes actuales que parecen resistirse y adoptan medidas que fácilmente pueden considerarse un derroche.

EL UNIVERSAL publica hoy que el gobierno de Coahuila, con menos de un año al frente de la administración, ha gastado más de 25 millones de pesos para adquirir —vía adjudicación directa, sin licitación de por medio— ocho camionetas blindadas y tres fueron asignadas a la oficina del gobernador.

Es claro que la inseguridad permea en amplias regiones del país, pero parece una exageración que el mandatario local cuente con tres vehículos blindados, ¿en realidad necesita ese número de camionetas?, además de que son de los modelos más caros y ostentosos del mercado.

El gobierno local argumenta que las camionetas son para el uso de funcionarios que combaten la inseguridad, pero una de ellas estará a disposición de la Secretaría de Finanzas, cuya tarea está muy lejos de velar por la protección ciudadana.

La inversión en camionetas blindadas es prácticamente el doble de lo que el estado destinó en 2017 al área de ciencia y tecnología, y mayor a lo que se erogó el año pasado en materiales y suministros para seguridad. Estos datos dan cuenta de lo que el gobierno estatal considera prioritario: para ellos la mejor protección y después la de la ciudadanía.

Ese tipo de despilfarro atenta contra millones de personas que todos los días enfrentan la inseguridad a flor de piel por la falta de vigilancia policiaca, por la carencia de luminarias en su calle o colonia o porque la justicia no cumple la expectativa de la población.

Son dos mundos: uno con fuerte protección, otro en el desamparo; uno con amplios recursos, otro que vive al día. Se reproduce lo que ha dominado por décadas en el país: un gobierno en la opulencia y un pueblo con carencias.

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