"Chapulines" lastran la democracia

Editorial EL UNIVERSAL

Falta sólo un mes para que concluya el último periodo ordinario de sesiones de la 63 Legislatura y en la Cámara de Diputados ya trabajan 144 diputados suplentes, equivalentes a 29% del total de legisladores de esa Cámara, a causa de que los legisladores titulares han migrado en busca de otro cargo público en las próximas elecciones del 1 de julio o debido a que apoyarán alguna campaña.

Del total de licencias otorgadas —y en un gesto por demás revelador de la irresponsabilidad y falta de compromiso de nuestros políticos—, apenas el pasado jueves 22 de marzo se dio una desbandada de 51 diputados, quienes sin más recibieron licencia para ir en pos de otro cargo de elección.

El que determinado funcionario público deje sin ningún empacho un encargo para el que él mismo se postuló y por el que fue electo, es un síntoma más de la devaluación ética y moral del quehacer político en México. No se trata de algo ilegal, desde luego, pero sí totalmente ilegítimo a ojos de la mayoría de los ciudadanos, y algo que en la coyuntura actual es a todas luces inaceptable y ofensivo para la ciudadanía, habiendo tantos pendientes de gran relevancia para la nación, entre el procesamiento de diversas leyes o reformas —como la Ley de Seguridad Interior; la Ley de Comunicación Social o de Propaganda Gubernamental; la Ley secundaria del Derecho de Réplica; aumentar de cuatro a cinco a los integrantes de la Sección Instructora que tiene pendientes más de 300 juicios políticos que desahogar; la Ley de Donación de Órganos; la Ley General de Responsabilidades Administrativas— y varios nombramientos de suma importancia —entre ellos nada menos que los de fiscal general de la nación y fiscal anticorrupción—.

De los 144 diputados suplentes que finalizarán el periodo ordinario de sesiones, 61 pertenecen al PRI; 29 al PAN; 10 al PRD; 12 a Morena; 14 al PVEM; siete a Movimiento Ciudadano; cuatro a Nueva Alianza; tres a Encuentro Social; otros tres no tienen partido y uno es independiente. Entre éstos, ni siquiera los “líderes” de bancada, por la importancia de su posición, son excepción a esta nefasta tendencia: de los ocho coordinadores parlamentarios que fueron nombrados al principio de la Legislatura, solamente continúan —y posiblemente finalicen el cargo con ese nombramiento— Marko Cortés (PAN), Francisco Martínez Neri (PRD), Jesús Sesma (PVEM) y Luis Alfredo Valles (NA). Es decir, pidieron licencia para buscar un escaño César Camacho (PRI), Rocío Nahle (Morena) y Clemente Castañeda (MC).

Si el 1 de febrero EL UNIVERSAL publicaba que el Congreso de la Unión arrancó el último periodo de sesiones con un “éxodo” de legisladores, hoy, tras dos meses y en plenas campañas políticas, habría que decir que termina con poco más de una cuarta parte de sus integrantes “huyendo” en tropel.

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