Universidades insolventes

Read in English

México tiene uno de los niveles más bajos de estudiantes universitarios, entre los países integrantes de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos; datos de este organismo señalan que en el ciclo escolar 2016-2017 apenas 32% de la población de entre 18 y 22 años se encontraba inscrita en el nivel universitario, inferior al promedio de los países de América Latina y muy por debajo de los países que conforman la OCDE.

Ante ese escenario, el actual gobierno tiene planeado crear 100 universidades públicas en el país “con carreras acordes a cada región para atender con educación de calidad y sin pago de colegiatura a 64 mil estudiantes del nivel superior”. Una medida de ese tipo vendría a cubrir la demanda de miles de jóvenes que cada año quedan sin un lugar en alguna universidad. Sin embargo, antes tendría que revisarse la situación actual de las universidades que existen en el país, que no es del todo satisfactoria.

Desde septiembre pasado se conoció que hay 10 universidades en emergencia financiera con el riesgo de afectar la educación de más de medio millón de jóvenes en el país. Hoy EL UNIVERSAL publica que ocho de esas 10 instituciones se encuentran sin posibilidades de pagar salarios y aguinaldos para académicos y personal administrativo este fin de año.

La situación no se creó de la noche a la mañana. Rectores de las universidades afectadas consideran que es consecuencia de la “mínima” colaboración y el desinterés que se dio en el sexenio recientemente concluido. De acuerdo con información entregada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de 2015 a 2018 la disminución al presupuesto federal en educación superior alcanzó 21 mil 950 millones de pesos, por lo que para el Presupuesto de 2019 los rectores están solicitando un incremento de 11 mil millones de pesos para revertir los recortes previos.

El peso mayor para el financiamiento a las universidades públicas recae en la Federación. Es tiempo de que comience a distribuirse la carga. Los gobiernos estatales tendrían que contribuir con más apoyos financieros y las propias instituciones de educación superior deberían encontrar la forma de allegarse recursos sin tener que elevar o cobrar colegiaturas. En algunas entidades los gobiernos locales comienzan a contratar a jóvenes universitarios para la realización de proyectos, práctica que debería extenderse en el país.

Muchos de los problemas nacionales empezarían a remediarse si todos los jóvenes tuvieran acceso a realizar estudios profesionales y si las universidades contaran con el respaldo económico suficiente para realizar sus tareas. No estaría mal revisar las condiciones de la educación superior antes de proyectar la creación de nuevos planteles.