Mis felicitaciones a El Gran
Diario de México y a su
gran familia por sus 101
años atestiguando la historia.
Los datos de la 7ª edición de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, que publicó el Inegi este 2017, conducen a la necesaria reflexión sobre la conveniencia de reconducir y modernizar, de forma prioritaria e inaplazable, las políticas y enfoques en seguridad pública y procuración de justicia.
Con 24.2 millones de víctimas de 18 años o más, la tasa de prevalencia delictiva para 2016 fue de 28 mil 788 por cada cien mil habitantes, de forma que aumentó en 5.3% de 2012 a la fecha. De ellas, 52% fueron hombres y 48% mujeres, con una tasa de 1.3 por víctima y 34.2% u 11.7 millones de hogares con al menos una.
Por su parte, la tasa de incidencia delictiva en 2016 de 37 mil 17 por cada cien mil habitantes, aumento 4.2% respecto de 2015, con 31.1 millones de delitos. Su distribución, con 74% del total, fue 25.9% robo o asalto en calle o transporte público, 24.2% extorsión, 12.6% fraude y 11.3% robo total o parcial de vehículo.
En el mismo segmento referido, la percepción de inseguridad creció en 2.7% de 2013 a 2016 por entidad federativa, en 5.2% por municipio o delegación y en 4.5% por colonia o localidad, para ubicarse en 74.3%, 66.3% y 46%, de manera respectiva, por lo que se incrementó mayormente en el ámbito próximo a la persona.
A pesar de ello, en 2016 sólo se denunció 9.7% de los delitos, para los cuales el Ministerio Público sólo inició averiguación previa o carpeta de investigación para 65.2%, cifra que equivale a 6.4% del total de delitos. La tendencia interanual es negativa, puesto que de 2012 a 2016 los delitos denunciados disminuyeron 2.5%.
Por tanto, la cifra negra, es decir, la que refleja el nivel de delitos que no fueron denunciados o que no derivaron en averiguación previa, fue para 2016 de 93.6%. El 62.3% para no hacerlo se atribuye a la propia autoridad: 33.1% pérdida de tiempo, 16.5% desconfianza, 8% trámite difícil, 4% actitud hostil y .7% miedo a extorsión.
Peor aún. De los supuestos en los cuales se inició la averiguación previa o se abrió la carpeta de investigación, en 2016 en 49% el resultado fue nada o no se continuó y 20.8% está aún en trámite; cifras sumadas que indican que en 69.8% no hubo para la víctima una respuesta en absoluto o no la hubo pronta y eficaz.
Luego, cuando sí se dio curso a la denuncia, solamente en 5.5% de los casos se puso al indiciado a disposición del juez, en 6.8% se recuperó el bien y en 3.5% hubo reparación de daño. En 3.4% se otorgó perdón y en el restante 11.1% no se precisó siquiera la suerte de la investigación.
El costo total de la falta de seguridad y de la comisión de delitos representó a los hogares mexicanos para 2016 un monto de 229.1 mil millones de pesos, es decir, el 1.1% del PIB o 5 mil 647 pesos promedio por víctima. La pérdida por victimización fue de 147.1 mil millones y el gasto preventivo para los hogares de 82 mil millones.
En sintonía, según la diversa Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, correspondiente de junio de este año, 36.4% de esa misma población estima que la situación de la delincuencia en su entidad seguirá igual de mal y 36.7% cree que empeorará, ambas con un aumento interanual de 2.5% y 5.1%, respectivamente.
Congruentemente, 74.9% de esa población de 18 años o más considera inseguro vivir en su cuidad, mientras que 61.1% piensa que la inseguridad y la delincuencia son el problema más importante que aqueja a su entidad, seguido del aumento de precios con 36.5%, del desempleo con 36.3% y de la corrupción con 29.1%.
Se puede concluir, sobre todo al considerar el número de denunciados que finalmente fueron puestos a disposición del juez en 2016, poco más de cien mil casos con detenido, frente a una treintena de millones de delitos anuales, que la impunidad verdaderamente campea en nuestra realidad. Esto se debe a la falta de denuncia de los delitos y a las fuertes deficiencias estructurales de nuestro sistema de procuración de justicia, cuestión que abordaré en otra ocasión.
Consejero de la Judicatura
Federal de 2009 a 2014