Audiencias para ley, entre “precedente” y “simulación”

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Las propuestas presentadas en las audiencias públicas que organizó la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, en las que participaron más de 200 gestores culturales, artistas, funcionarios, promotores, productores, directores de cultura estatales, creadores, especialistas en legislación cultural, entre otros, podrían no ser útiles para la redacción final de la Ley de Cultura que los legisladores esperan sea aprobada antes de terminar 2016.

Si esto ocurre, advierte el especialista Arturo Saucedo, redactor de la reforma constitucional de los derechos culturales, aprobada en 2009, la histórica participación de la comunidad cultural para la creación de una ley podría ser sólo una simulación del Legislativo y se perdería la gran oportunidad de crear un cambio significativo para el sector.

El diputado panista Santiago Taboada, presidente de la Comisión de Cultura, defiende las 10 audiencias públicas que se realizaron del 30 de junio al 29 de julio en distintas ciudades de la República Mexicana, como Puebla, Chihuahua, Guadalajara, Morelia, Mérida y Monterrey, y asegura que las propuestas que no sirvan para la redacción de la ley de Cultura —que sólo contempla el reglamento para los artículos 4 y 73 constitucional, que se refieren a los derechos culturales y a la participación de estados y municipios en materia cultural— podrán ser usadas para proponer futuras reformas a leyes ya existentes en varias materias.

Taboada reconoce que el reclamo más generalizado de la comunidad cultura es crear mecanismos para facilitar los estímulos fiscales a la creación, un tema que no es competencia de esta ley, pero, asegura, empezarán a trabajar en su discusión junto con la Secretaría de Hacienda.

“El balance es muy positivo, hubo ponentes muy reconocidos en sus diferentes áreas. Ahora sigue la parte más compleja que tiene que ver con plasmar en una iniciativa muchas de las demandas e inquietudes de la comunidad. Algunas propuestas no se verán contempladas en esta ley porque no son del ordenamiento que se tiene que acatar, como el tema de los estímulos fiscales, que tiene que ver con el paquete fiscal de ingresos y egresos; así como la ley de seguridad social para artistas, entre otros aspectos. La discusión que hemos tenido en las audiencias abre la discusión a otros temas”, explica Taboada en entrevista.

Otro de los temas que más destaca Taboada de las audiencias son las industrias culturales. “Tendrán una mención muy particular y, sobre todo, estarán contempladas en un ordenamiento con marco legal porque hoy la única referencia que tenemos está en la ley de pequeñas y medianas empresas”, dice.

De acuerdo con el legislador, entre las propuestas que sí formarán parte de la redacción de la ley está el crear un catálogo de derechos culturales y definir los alcances y limitaciones de los estados y municipios de la federación. “El catálogo de los derechos culturales que tiene que ver con el acceso a bienes y servicios culturales del Estado tiene que reconocerse para que un ciudadano pueda reclamar el ejercicio de esos derechos”, explica.

¿Ley chiquita? Arturo Saucedo, especialista en legislación cultural, es crítico de las audiencias. “Si ya sabían que querían una ley chiquitita para hacer un Conaculta reloaded, pues así lo hubieran dicho, pero lo que hicieron fue generar una expectativa de una gran ley y ahora resulta que van a poner lo que ya sabían desde un principio; las audiencias fueron una gran fiesta que terminará en un simulacro. A las audiencias acudieron muchas personas con gran conocimiento, con grandes propuestas, pero no van a ser tomadas en cuenta”, asegura Saucedo.

Y agrega: “Los legisladores ya sabían que no iban a ir más allá de una ley reglamentaria del 4 y 73 constitucional, así que con las audiencias sólo han hecho una simulación”.

Carlos Villaseñor, quien forma parte del Grupo de Expertos en Gobernanza para la Cultura y Desarrollo de la UNESCO, difiere de Saucedo.

“Imaginemos una ley que considere industrias culturales, cuestiones laborales, preservación del patrimonio, garanstismos de los derechos culturales, becas, estímulos y apoyos; las apoyos específicos a las poblaciones originarias que se localizan en los márgenes de las ciudades y realizan expresiones de cultura alternas; pues no llegaríamos a ninguna parte y en caso de hacer una ley así tendría miles de artículos y, por lo tanto, sería inoperable”.

De acuerdo con Villaseñor, la Secretaría de Cultura nació con un conjunto de leyes que la facultaban para intervenir, para diseñar y ejecutar en el ámbito cultural, como la Ley General de Bibliotecas, entre otras; y una ley reglamentaria del 4 y 73 constitucional no puede reformar el sistema cultural, pero sí puede ser un eje rector para reformar las leyes existentes, que deben ser actualizadas bajo una nueva lógica acorde a nuestros tiempos.

Advierte que aun con las limitaciones de esta ley, deberá aprobarse antes de que concluya la presente legislatura. “Tenemos una ventaja que es haber sensibilizado a los legisladores durante este proceso. Además los tiempos presupuestales nos demandan mayor celeridad, el presupuesto de egresos de la federación para 2017 se discutirá en tres meses y en la medida de que pospongamos la redacción de una ley reglamentaria y la reforma de las otras leyes, con correspondencia presupuestal también se retrasa. Necesitamos un presupuesto más acorde a una Secretaría de Cultura; también es importante que el programa de cultura que operará de 2018 a 2024 ya considere los derechos culturales.

Participa la comunidad. Eduardo Elizalde Farías, gestor y promotor cultural, destaca la realización de las audiencias, cuyas versiones estenográficas de las casi 70 horas de discusión están disponibles en la página oficial de la Cámara de Diputados; así como la participación de la comunidad y de las diversas propuestas.

“Se hicieron un montón de propuestas que reflejan la preocupación de todo el sector, pero es importante saber qué es lo que van a hacer ahora con ellas, ¿cómo vamos a poder darles seguimiento?, ¿tendremos más oportunidades para debatir?, ¿sabremos por qué se aceptaron o no las propuestas que hicimos?”, sostiene Elizalde Farías.

Y agrega: “Estas preguntas se plantean a partir de un genuino interés de saber qué es lo que va a pasar. Creemos que se ha dado un gran avance al abrir la discusión, es lo que necesitamos, y confiamos en que esto no haya sido una enmascarada”, sostiene.