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Cancún.— Los operadores de telecomunicaciones no pueden sustituir a las autoridades de seguridad y hacer su trabajo, dijo ayer Gabriel Székely, presidente de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel).

“Los operadores de redes móviles no pueden ser y no serán los sustitutos de las autoridades de seguridad y de las tareas que ellos deben de llevar a cabo”, subrayó el representante de Telcel, Telefónica México, Iusacell y Nextel.

Hizo un llamado al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), pues lo consideró como el medio de interacción entre las empresas y las autoridades de seguridad en el país.

“Hay que cuidar y proteger los derechos de los usuarios”, destacó durante el Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones 2015.

La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión menciona que las autoridades de seguridad tienen acceso a la información de los mexicanos siempre y cuando la soliciten de manera escrita, fundada y motivada, y además obliga al IFT a emitir los lineamientos para que los concesionarios colaboren con las autoridades.
Asimismo, obliga a las empresas a que almacenen los datos de los usuarios por 12 meses.

Por su parte, José Cervantes, director de regulación y relación con operadores de América Móvil para Centroamérica, coincidió en que el tema de la seguridad es un asunto del Estado.

“Cualquier ley que pretenda trasladar la responsabilidad a las empresas, es anticonstitucional”, señaló. Sin embargo, dijo que están dispuestos a colaborar con la justicia.

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