Pensar que el conflicto que hoy vive Nicaragua empezó hace tres meses sería llamarnos a engaño. El problema encuentra sus raíces en la autocracia que se ha enquistado en el poder desde hace más de una década gracias al progresivo desmantelamiento de la oposición y de las instituciones en el país.

El Estado controlador que Ortega y Rosario Murillo, su esposa y además vicepresidenta del país, han conducido a una descomposición social como hacía décadas no se vivía en el país centroamericano. Tal descomposición es consecuencia de las políticas llevadas a cabo por Daniel Ortega, presidente de Nicaragua que actualmente ostenta el cargo por cuarta ocasión (tercera consecutiva), aún cuando la Constitución establecía la prohibición de la reelección. Prohibición que, aseguraba Ortega y luego la Corte a modo impuesta por él, no existía y que sin embargo fue reformada en 2014 para permitir, ahora si, la reelección presidencial indefinida en periodos de cinco años.

Tal control ha forzado a la oposición a permanecer en silencio, arrebatándole incluso espacios de representación en la Asamblea Nacional. Según un reporte de Freedom House se advierte que en el país hay un retroceso en cuanto a libertades civiles y derechos políticos. A través de contratos gubernamentales, usualmente sin licitación, el gobierno de Ortega ha sometido inclusive al sector empresarial que  no ve otra forma de crecer en un país sometido al capricho de un solo hombre.

Ortega y su mujer lograron mantenerse en el poder gracias a las ayudas enviadas desde Venezuela y de las cuales hay poca transparencia sobre su uso y destino final. Hoy con la crisis económica en el país sudamericano, ha quedado al descubierto la corrupción y el mal uso de los recursos en el gobierno de Ortega.

Sumado a lo anterior, hace siete meses, Estados Unidos inició una investigación por fraude y corrupción contra Roberto Rivas, Presidente del Consejo Electoral Supremo, amigo de Ortega y artífice del fraude electoral que permitió a éste mantenerse en el poder en el 2011. Las cuentas de Rivas hoy están congeladas, y aún cuando Ortega separó del cargo a Rivas como un gesto de buena voluntad, nada le garantiza que las investigaciones contra Rivas y contra él mismo no continúen.

La mano de hierro de Ortega comenzó a quebrarse. Aún cuando tenía a sus aliados consigo, empresarios, iglesia católica, organismos financieros internacionales como el FMI, el Banco Mundial, la falta de recursos económicos hizo mella en las políticas populistas y vino lo inevitable. En abril, el anuncio del recorte de las jubilaciones y el aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social calaron hondo, más hondo de lo que cualquiera hubiera esperado, en una sociedad que parecía dispuesta a soportar todo.

La toma de las calles inició, las marchas, tímidas al principio, fueron en crecimiento debido a la represión del régimen de Ortega. La gente dejó los temores atrás y los ha dejado los últimos tres meses, manifestándose en contra de un dictador que ya tiene sobre sus espaldas más de 300 muertos en tan solo tres meses.

Y así, en pleno siglo XXI, declaraciones como la signada luego del Foro de Sao Paulo donde se acusa al injerencismo extranjero y al imperialismo por los muertos es inverosímil. Todos ellos cayeron abatidos a manos de la policía, los paramilitares y el ejército que obedecen a Ortega. El único que ha roto el orden constitucional y el único que ha puesto marcha atrás a la democratización del país. A los ciudadanos en Nicaragua los están matando y mientras tanto la comunidad internacional ve hacia otro lado.

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