Territorios sin ley... Nuevas realidades

Las declaraciones del Obispo a cargo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, en el Estado de Guerrero, Salvador Rangel, han puesto el dedo en la llaga, pues evidencian las nuevas realidades de nuestro país.

Al salir a dar la postura de la diócesis respecto al asesinato de los sacerdotes Germaín Muñiz e Iván Añorve, a quienes irresponsablemente algunos medios de comunicación ya estaban vinculando con el crimen organizado, desenmascaró una realidad.

Hay zonas del país donde las autoridades gubernamentales legítimamente constituidas al amparo del Estado de Derecho que rige a nuestro país, no tienen el control. Quienes lo tienen son los capos que controlan la plaza. A ellos hay que pedirles permiso para ingresar a su territorio a realizar actividades públicas, como las que realizan los sacerdotes.

Esto es una realidad que emerge cuando se platica con ciudadanos que viven en esas plazas donde la violencia es cotidiana; ellos saben que quienes dictan las reglas son los cárteles. Hay todo un sistema de vigilancia altamente efectivo por parte de estos grupos, a través de “halcones” y parecer sospechoso de tener alguna vinculación con los enemigos, implica el riesgo de ser “levantado” para investigación. Esta pudiera ser la explicación a muchas desapariciones forzadas de gente inocente, que por desconocimiento estuvo en el lugar equivocado en el momento impropio.

¿Y qué hacen las autoridades municipales en estas zonas?. Seguramente están bajo la presión de “plata o plomo”. De este modo algunos reciben compensaciones económicas por su colaboración y por tanto, tanto las órdenes de sus verdaderos jefes y en contraste, quizá otros que no se quieren comprometer y de plano “voltean para otro lado” y hacen como que no se dan cuenta de lo que sucede.

¿De quien es la responsabilidad de lo que sucede en estas zonas?. Pues primeramente del Gobierno Federal, que es quien sí tiene la infraestructura para imponer el orden y en menor nivel de los gobiernos estatales que prefieren llevar la fiesta en paz y no comprometerse, en lugar de pedir ayuda urgente a la federación y ponerse en sus manos.

Esta nueva realidad, donde fronteras invisibles nos pueden ubicar en una “dimensión desconocida” y altamente peligrosa, no la quieren aceptar las autoridades gubernamentales. Mas, sin embargo, existe.

Ante esto debemos entender que profesiones de servicio a la comunidad corren graves riesgos.

Por ello sacerdotes, médicos y periodistas, por citar algunas profesiones, pueden tener algún contacto con delincuentes, aún en contra de su voluntad.

Del mismo modo que un médico siguiendo la misión que persigue su propia profesión no debe negar sus servicios a un delincuente enfermo, accidentado o baleado y eso no significa que haya ninguna vinculación o compromiso, ni con la persona y menos con su cártel, los sacerdotes deben eliminar barreras que les impidan servir a su comunidad ofreciendo a cada uno de los pobladores, los sacramentos.

¿Qué debe hacer un sacerdote a quien le piden realice el bautizo del hijo de un capo?... ¿Negarse?. La misma iglesia lo prohíbe.

Seguramente en esos eventos a los cuales el común de la gente le da un valor social, terminan siendo fotografiados y videograbados y con ello se genera una percepción de cercanía que con toda seguridad no existe, aunque las evidencias de haber estado presente en el lugar, den esa impresión.

Que para cumplir con su ministerio y su misión pastoral deban pedir permiso a los cárteles, es una consecuencia lógica de que existan territorios sin ley. Esta es la verdadera posición de indefensión y vulnerabilidad que ellos viven, como si estuvieran evangelizando como misioneros en algún país lejano de la zona más salvaje de África. Impensable e inaceptable en un país que se precia de ser una de las 20 potencias económicas del mundo y que vive en un modelo democrático como lo es México.

Que existan territorios sin ley y bajo el control de los cárteles, no es mas que responsabilidad de las autoridades gubernamentales, que ni están cumpliendo con su obligación, primeramente de brindar protección a la ciudadanía, ni de hacer valer el estado de derecho.

La autoridad gubernamental está comprometida a imponer la ley en todo el territorio nacional y no puede evadirse a esa responsabilidad.

¿Usted cómo lo ve?

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