Activismo social y congruencia moral

Nadie nos lo contó, la vimos en los noticieros de TV: prepotente, agresiva, amenazando, acusando a una mujer humilde que le toca trabajar de policía.

La acusación de la activista social Yndira Sandoval Sánchez, quien dice haber sido torturada por la policía en Tlapa, Guerrero y violada por una mujer policía de nombre Claudia Juárez Gómez, debe llegar a sus últimas consecuencias. Si sus derechos humanos fueron violados, debe haber castigo para los responsables y si fue violada sexualmente, peor. Debe haber justicia para ella.

Sin embargo, si ella mintió al acusar a la mujer policía, esta activista debe ser castigada por haber manchado el honor de una mujer humilde, quien por ser mujer policía estaba en posición indefensa ante una activista social, posición desde la que hoy se puede ejercer poder movilizando a la sociedad.

Este problema surge de la falta de consecuencias cuando alguien miente ante la autoridad en el ámbito judicial. En México no respetamos la palabra y eso permite que surjan acusaciones falsas que pueden llevar a una persona inocente a la cárcel.

Mientras la fiscalía del Estado de Guerrero se trasladó a Tlapa para iniciar investigaciones y tomar declaraciones a los policías denunciados, la activista no se presentó ante el Ministerio Público para ampliar su declaración ante la autoridad, como le fue requerido. ¿Por qué?

Ser activista es una misión social humanista, puesto que requiere de una gran generosidad para trabajar por los demás simplemente por la satisfacción de ser útil.

Un activista es alguien movido por ideales y el deseo de servir al prójimo y por tanto debe tener una conducta intachable y su palabra credibilidad.

Por ello llama la atención que si la activista Yndira Sandoval ha definido como su misión la defensa de la mujer, lo cual consta en su extensa biografía publicada en varias páginas de Internet consultadas: es becaria de la Fundación Friederich Ebert y del NDI México (National Democratic Institute), es antropóloga social y ha ocupado cargos en el ámbito político y legislativo, así como partidista, trabajando por los derechos de los jóvenes y de las mujeres.

Ella se califica una activista de izquierda y forma parte del bloque femenino del PRD. Sin embargo, la forma en que se expresó de la mujer policía minimizándola, lo cual es una actitud clasista, no corresponde a una persona de izquierda, ideología política que lucha por la igualdad de las personas.

Las personas públicas deben saber que tomar una bandera social es un compromiso que compromete a su identidad personal y se les va a exigir congruencia moral respecto al tema de su “causa social”.

Para ser activista social con legitimidad se requiere autoridad moral y ésta nace de la congruencia.

Sin embargo, hoy empezamos a ver que ser activista social reviste influencia. Por ello existe un grave riesgo de que gente sin escrúpulos tome la bandera del activismo social para manipular y convertirse en “influyente” ante las autoridades y la misma sociedad, considerando que la palabra “influyente” en el vocabulario de la política tradicional mexicana se refiere a quien ejerce poder a partir de sus relaciones con quienes detentan autoridad en el ámbito gubernamental, lo cual les da canonjías y ventajas sobre el ciudadano común.

Ya es tiempo de poner un alto a los abusos. Si los policías son responsables de lo que se les acusa y se acredita con toda legalidad su conducta reprobable, que se les castigue, pero si la activista mintió, merece pagar las consecuencias de haber agredido a gente inocente, manchar su reputación y su honor desde una posición de poder político.

¿Usted cómo lo ve?