Torturaron a sus hijos… y no hay culpables

Austreberta Cazales continúa preguntándose a diario qué es lo que vive. Se despierta, hace el desayuno. Da abrazos, besos y buenos consejos a sus nietos. Camina, come, duerme y va a trabajar. Entre el alba y la puesta de la noche, piensa en los días en que para ver a sus hijos bastaba con tomar su auto, cruzar algunos semáforos y llegar a sus casas. Se ha vuelto lejano el recuerdo de la última vez que estuvieron juntos, aunque lo añora.

Es por eso que la fotografía de aquel 10 de mayo de 2011 en la que aparece con ellos la ha replicado tantas veces que se convirtió en una bandera de devastador significado: injusticia, impotencia y soledad. Para ella los días se convirtieron en la misma prisión de sus hijos desde el 8 de junio de 2011.

Seis años, cinco prisiones, un sólo proceso sin sentencia y 40 pruebas presentadas —12 contra sus hijos—. Violación, tortura y golpes, muchos golpes. Una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos [CNDH]. Esas son las palabras que repite cuando habla de estos años sin ellos.

De no ser porque fue testigo de cómo un grupo de hombres vestidos de civiles —armados y con fusiles cuernos de chivo— tomaron a su hija por la fuerza y la subieron a un auto cuando iba a recoger a sus nietos al colegio, no lo creería.

Austreberta presentó una denuncia por secuestro. Horas más tarde, su hija Verónica le marcó para explicarle que la habían detenido y para pedirle que fuera a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR. Cuando su madre entró a las oficinas, la llevaron a los separos, donde se enteró que también estaba su hijo Iván. Lo vio “muy golpeado” y le dijo que a su hermana se la llevaron al hospital “porque no había aguantado”. ¿Qué? 24 horas de tortura documentadas en la recomendación 12/2017 emitida por la CNDH el 24 de marzo para los hermanos Razo, Verónica e Iván.

Cultura de encubrimiento, sin datos precisos

De 2006 a la fecha la CNDH ha emitido 15 recomendaciones por “hecho violatorio igual a tortura” y 80 por “derecho-hechos violatorios igual a tortura”, un total de 95 que incluye varios casos. En 2010-17 denunció 109 casos de tortura cometida por funcionarios públicos, siendo 2010 y 2011 los años con el mayor número, 26 y 28, respectivamente.

“Llevamos años documentando la tortura en México sin que hayamos visto avances en cuanto a combatir la impunidad. Podemos hablar de policías, militares, Ministerios Públicos, que son los oficiales más clásicos cuando hablamos de tortura. Desafortunadamente hay una cultura de encubrimiento que hace que este horrible fenómeno sea tolerado. Es lamentable ver que este año la PGR no ha publicado ninguna información sobre un cargo o condena en contra de un funcionario público federal. En 2016 publicó apenas cinco, pero en los años anteriores el número de cargos presentados es de cero o apenas un par”, señala Madeleine Penman, investigadora para México de Amnistia Internacional.

De 2006 a la fecha hay más de 800 denuncias presentadas en la PGR por tortura cometida por funcionarios públicos: 85% se realizaron de 2015 a la fecha; del total, 26% se determinó sin responsabilidad y las demás continúan en trámite.

En 2015 los Organismos Públicos de Derechos Humanos [OPDH] estatales y nacional recibieron quejas por 158 mil 889 presuntas violaciones de las garantías individuales, detalló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En 25% de las violaciones que se denunciaron se responsabilizó a funcionarios de ayuntamientos y 17% se atribuyeron a personal de instituciones de procuración de justicia. Ese año se denunciaron mil 985 casos de “tortura” y 11 mil 504 “tratos crueles, inhumanos o degradantes, principales violaciones del derecho a la integridad”.

Para Elena Azaola, especialista del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social [CIESAS], no hay datos concretos de las instituciones de impartición de justicia sobre el delito de tortura. En los últimos 15 años Azaola se ha dedicado a trabajar con jóvenes en prisiones para cuestionar el contexto de violencia en que viven. En su último estudio publicado por la CNDH en enero, Adolescencia, vulnerabilidad y violencia, explica que 57% de los jóvenes afirmaron haber sido severamente golpeados y maltratados, “en ocasiones durante varios días, por diferentes instituciones de policía al momento de su detención”. En el informe se documentan decenas de casos: “Me detuvo la Estatal, me ponían las chicharras y me golpeaban y no les importaba que yo estaba herido, llevaba dos balazos y ya después tuve que estar dos meses en el hospital”.

Un chico indígena de Puebla dice: “Me detuvieron y me llevaron a la procuraduría, ahí me pusieron agua, descargas eléctricas, una bolsa en la cabeza y me patearon las costillas; todavía sigo lastimado”.

“[La situación] envía un mensaje muy claro hacia los policíos porque difícilmente, más bien nunca, van a ser sancionados. Es el tema de no investigar un delito, de no buscar responsables, alienta a que esa clase de conductas se sigan cometiendo”, dice Azaola.

Torturaron a sus hijos… y no hay culpables

Capacidad en crisis

Quienes han enfrentado tortura tienen derecho a pedir que les apliquen el Protocolo de Estambul, el Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, impuesto por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos. A los hijos de Austreberta les tomó dos años que les aplicaran el protocolo. Amnistía Internacional tiene casos documentados de presos que han esperado hasta cuatro años.

“Estamos ante una crisis de la capacidad forense del Estado. Por dos razones: una es que no hay un verdadero servicio forense independiente, eso hace que los protocolos de Estambul efectuados suelan carecer de la autonomía para realmente señalar de manera verosímil las violaciones de derechos humanos, porque los peritos están revisando las actuaciones de sus propios colegas. Hablamos de un rezago de 3 mil protocolos.

“Hay posibilidad para avanzar en el tema si los jueces toman más en cuenta el aporte de peritos independientes, acreditados y de la elección de la víctima misma. La nueva ley sobre tortura ofrece más posibilidades para que estos peritajes independientes sean pruebas plenas en juicios de estos casos, pero en el pasado hemos visto que ha habido muchas trabas para que los peritajes sean aceptados”, destaca Penman.

Los hermanos Razo continúan en prisión. Su madre se ha hecho cargo de los hijos de Verónica. Cada mes paga 3 mil pesos para mantener a sus hijos. Habla con ellos por lo menos dos veces al mes, por teléfono y en una llamada de ocho o 10 minutos. Los ve una vez al mes. A su nieta más pequeña le dijo por varios años que Verónica estaba enferma en un hospital. Su nieta aún le reclama.