En México como en el mundo entero se vive un proceso de envejecimiento de la población, caracterizado por un descenso importante de la mortalidad como de la natalidad, que desde fines de la década de los 80 ha sido considerado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como un tema de atención prioritaria, declarando el 1 de octubre como el Día Internacional de las Personas de Edad.
El consenso internacional ha establecido los 60 años como límite etario inferior para el grupo de personas mayores, de edad o adultas mayores, criterio que adopta nuestro país, como lo establece la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, aunque en los países desarrollados se considera a partir de los 65 años.
De acuerdo a estimaciones de la ONU se espera que el número de personas de 65 años o más en todo el mundo se duplique, pasando de 761 millones en 2021 a 1600 millones en 2050.
En nuestro país, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN), para el segundo trimestre de 2023, estimó que en México residían casi 19 millones de personas de 60 años y más, lo que representa un 15% de la población total del país, de los cuales el 55.11% son mujeres y el 44.89 son hombres.
De este universo, el 32.81% realiza alguna actividad remunerada (formal e informal), en una proporción de hombres que casi duplica a la de mujeres; mientras que el resto forma parte de la población económicamente no activa. De este último sector, tenemos que el porcentaje de pensionados o jubilados hombres alcanza el 58%, en tanto que el de mujeres apenas el 17%.
En escolaridad, si bien hombres y mujeres prácticamente en la misma proporción completaron la educación básica, los hombres en una proporción que también duplica a la de mujeres, cuentan con educación medio superior y superior completada.
¿Qué nos dicen estas cifras? La respuesta es simple, la desigualdad entre mujeres y hombres se perpetúa, consecuencia de la desigualdad de género que padecieron las mujeres en etapas previas de su vida, siendo ellas, además, las principales cuidadoras de las personas de edad.
Es un hecho que la población envejece rápidamente, y no solo aumenta su número absoluto, sino también la esperanza de vida, por lo que existen cada vez más personas longevas, de modo que crece el número de personas de grupos etarios más avanzados.
Esto conlleva múltiples y muy complejos retos, principalmente en materia de salud, para el sistema de pensiones, servicios de cuidado, accesibilidad de espacios y, uno muy importante, la plena inclusión de las personas de edad.
Debemos de reconocer que los derechos fundamentales de las personas no caducan con la edad, antes bien, se les reconocen otros más, de manera que pueda disfrutar de una vejez digna, en plenitud, gozando de autonomía e independencia, sin discriminación alguna por razón de su edad, y sin maltrato, tal como lo estipula la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y la legislación nacional.
Es importante reconocer la experiencia y sabiduría acumuladas por las personas de edad, nutrirnos de ellas, valorar sus aportaciones a la sociedad, así como el potencial que aún tienen, atendiendo a su propia situación de vulnerabilidad a la que, en la mayoría de los casos, se suman otras vulnerabilidades como precariedad económica, carencia de servicios de salud, de prestaciones sociales, de discapacidad, de abandono y maltrato, que exigen políticas públicas con perspectiva de género que salvaguarden sus derechos.
El respeto y reconocimiento de las personas adultas mayores es signo de una sociedad desarrollada. Su experiencia ha enriquecido a todas y cada una de las comunidades de nuestro país, generación tras generación.
Como familia, como sociedad, como autoridades debemos apostar y trabajar por una vida digna de las personas adultas mayores.
