Erradicar la impunidad demanda enorme compromiso convergente de autoridades, empresarios, organismos de la sociedad civil y medios de difusión alrededor de la voluntad para denunciar.

La noción del estado moderno, vertebralmente basado en la lógica hobbesiana del contrato social y la eficacia radicada en los mecanismos de control para asegurar el cumplimiento de este pacto, sirve para nada si no garantiza el acceso a la justicia. La impunidad es factible en ausencia de castigo visible y ejemplar.

Revertir la incidencia delictiva es, en cierta forma, revertir a impunidad. La Ciudad de México demuestra que es posible en delitos como el feminicidio.

En la reciente presentación del Informe por la Alerta de Violencia contra las Mujeres, la fiscal de Justicia de la capital nacional, Ernestina Godoy Ramos, definió la esencia del trabajo contra los feminicidios: ninguna muerte violenta puede quedar sin castigo.

Los datos son indicador de trabajo en equipo y del compromiso por hacer de la capital nacional una ciudad que independientemente del feminismo declarado de algunas autoridades sea efectivamente espacio social y político del acceso a derechos de todas y todos y de la capacidad de hacer efectiva la ejemplaridad y el castigo al infractor de la ley.

Entre 2021 y lo que va de 2023 se registra un incremento del 69 por ciento en las vinculaciones a proceso —personas privadas de su libertad en el sistema penitenciario— de feminicidas. Hay un 57 por ciento más de detenciones de agresores de mujeres y una disminución de 42 por ciento en feminicidios.

En tasa de feminicidios por cada 100 mil mujeres, la CDMX se ubica en el lugar 18, con 0.45, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La media nacional es de 0.51, y los tres primeros estados son Morelos (1.85), Colima (1.46) y Oaxaca (1.19).

Los datos revelan espacios donde no hay informes certeros ni trabajo públicamente convergente. Mientras Guanajuato, por ejemplo, registra una de las tasas más bajas en feminicidios, con 0.18 por cada 100 mil habitantes y apenas 6 casos este año, en homicidios dolosos contra mujeres es la primera entidad con 163 y la segunda en tasa con 4.99.

Los informes de resultados sobre políticas públicas representan una estrategia clave en la disminución de esa sensación de impunidad. Saber que las posibilidades de castigo aumentan reduce a su vez la comisión de delitos.

Los números expuestos por la secretaria de las Mujeres, Ingrid Gómez, representan vidas salvadas en la CDMX. Desde julio de 2022, cuando entró en operación la Línea SOS Mujeres *765, hay un promedio mensual de 7 mil 781 atenciones; 3 mil 371 agresores detenidos y mil 474 mujeres rescatadas del riesgo feminicida.

Hay trabajo convergente entre autoridades, impulsado desde la declaratoria de Alerta en 2019, emitida por la entonces Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y en una labor continuada por el ahora mandatario Martí Batres.

Erradicar la impunidad es posible.

Presidente del Consejo Ciudadano MX

@guerrerochipres

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