Por Nurit Martínez
A casi seis años de que inició la ola púrpura para denunciar el acoso, hostigamiento, bullying y otras violencias en las aulas universitarias del país, con los llamados tendederos, las rectoras de 44 instituciones lanzarán un llamado urgente para lograr un acuerdo nacional que erradique la violencia de género en el país.
En este periodo ha sido difícil enfrentar la negación de las autoridades cuando se ha señalado a “vacas sagradas”, profesores, investigadores, científicos y autoridades que fueron denunciados por jóvenes, colaboradoras o sus pares por ejercer algún tipo de violencia física, psicológica o discriminación.
La ola púrpura ha obligado a la institucionalización de las áreas de queja y denuncia, a crear rutas, caminos y protocolos e incluyó nuevas estructuras para acercar las evidencias de lo que por años corrió en pasillos y de boca en boca.
La batucada, la fumarola púrpura, la música, la prosa, las cartulinas, mantas, arlequines, monos de calenda, personajes en zancos, matracas, cohetes de colores y las vestimentas de denuncia, incluidas las del bloque negro con sus pintas y la violencia de las más radicales, hicieron y hacen una labor para hacer visible el problema.
Todo ello ha creado hasta ahora un escenario donde hablar, frasear, decir y gritar lo que pasa es el punto de arranque.
Desde hace dos décadas se reconoce que la matrícula universitaria vivía un fenómeno de “feminización”, sólo por el hecho de que cada día había más mujeres inscritas en la educación superior del país.
Según el Estudio Comparativo de Universidades Mexicanas de la UNAM, hoy 53 de cada 100 personas en licenciatura son mujeres, en estudios de maestría 57.8 y en el doctorado 51.1
Pero esa numeralia sigue sin mostrar el verdadero rostro, la carrera de obstáculos que viven millones de mujeres en las aulas, los laboratorios y talleres donde se fomenta el conocimiento y se desarrollan capacidades o habilidades del más alto nivel.
El crecimiento de quejas y denuncias que se han formalizado y que acompañaron a esos tendederos dan muestra de lo ocurrido en pasillo, baños y espacios deportivos o culturales en las instituciones públicas y privadas, laicas y hasta las de corte religioso.
De los números aquí sólo una pincelada de lo que ocurre, porque aprendimos que las víctimas denuncian cuando están preparadas, fuertes para enfrentar las consecuencias de la denuncia.
Tan sólo en la UNAM el registro de la Defensoría de los Derechos Universitarios acumula en los últimos siete años 2 mil 538 relatos de actos de algún tipo de violencia, con mil 311 agresores.
Los casos fueron crecientes en ese periodo. De 121 casos en 2016 a 613 en 2022. De las más de dos mil 300 quejas totales ante las autoridades sólo se sancionó en 55.9 por ciento de los casos.
En la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla el Consejo Universitario reportó que al cierre del primer semestre del año pasado el acoso y el bullying creció 15 por ciento, al pasar de 86 a 99 de 2022 a 2023.
Ver los números y ver qué ha pasado aún no es suficiente. Se requiere más si consideramos que son alarmantes los signos de la violencia entre las jóvenes.
Inmujeres afirma que 8 de cada 10 mujeres dijeron el año pasado haber sufrido un tipo de violencia por razón de género en el sistema universitario indígena.
Desde hace un par de años al interior de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), donde están afiliadas las 216 universidades más grandes y reconocidas en el país, se emprendieron acciones para abordar el tema.
Pero este es un momento histórico para la misma ANUIES, con 44 rectoras, son ellas las que ahora empujan un acuerdo nacional para erradicar las violencias de género.
El año pasado la asociación presentó la llamada Declaración de Tlaxcala, en la que se impulsó, entre otras, alinear la legislación universitaria para estos fines, diálogo y coordinación con otras autoridades para dar seguimiento a las denuncias más graves de tipo sexual y feminicida, pero también, convocar a una declaratoria de Cero Tolerancia al acoso, abuso y hostigamiento sexual, entre otras.
Mañana martes, las 44 rectoras o directoras de las instituciones de educación superior serán las protagonistas de este Acuerdo Nacional por una Cultura de Paz y Erradicación de Violencia de Género.
Es momento que la deuda institucional universitaria empiece a ser compensada, plantear acciones y medidas que de manera ejemplar sancionen todo aquello que frena el desarrollo de las universitarias y científicas en el país.
