Carolina Ovares Sánchez
Durante la tercera ola democratizadora en América Latina, se volvió crucial la necesidad de establecer regímenes que establezcan certeza en las reglas con incertidumbre en los resultados de las elecciones, como lo señala Adam Przeworski, de forma tal que los procesos electorales fueran percibidos como lo suficientemente legítimos. Fortaleciendo así la credibilidad en los procedimientos y resultados electorales, incluso para quienes pierden la contienda.
Adicionalmente, se han desarrollado diferentes métodos para resolver disputas pre y poselectorales que surgen en toda contienda electoral. Esta es otra tarea clave para la democracia representativa, ya que un núcleo de su legitimidad -en su dimensión electoral- descansa en parte en que las elecciones no lo sean y no se perciban como fraudulentas o manipuladas. Es cierto, eso sí, que ninguna elección está exenta de irregularidades y, por ello, es necesario contar con organismos y métodos institucionales para resolverlas.
Los organismos que ejercen la justicia electoral, presentes en diversas formas en la región, tienen a su cargo una variedad de deberes todos ellos relacionados con el ejercicio electoral y tienen como fin primordial supervisar el proceso electoral dentro del marco del Estado de Derecho. Empero también han influido en los partidos políticos, en su vida interna partidaria, en su financiamiento, en la inscripción de candidaturas, en el régimen electoral de género, en las campañas electorales, desinformación, etc. En otras palabras, ejercen roles políticos, mostrando un claro protagonismo en el ámbito político.
Uno de los roles políticos fundamentales de los organismos de justicia electoral es preservar la legitimidad de las elecciones. Esto es especialmente crucial en Latinoamérica, donde la desconfianza y la polarización suelen ser prominentes. Garantizar la legitimidad de los resultados electorales implica resolver conflictos de manera imparcial, especialmente en casos de resultados estrechos en donde hay menos de dos por ciento de diferencia entre las candidaturas más votadas (como recién pasó en las elecciones costarricenses). Ante estos escenarios de incertidumbre y de exacerbación del conflicto, donde los perdedores de la contienda pueden recurrir a diversos recursos legales, es crucial que los tribunales electorales hayan logrado construir una imparcialidad para mostrar capacidad de administrar la desconfianza.
Sin embargo, el espacio para que las cortes electorales administren la desconfianza se ha reducido y los datos dan cuenta de este escenario. Según el último informe del Barómetro de las Américas, la confianza en las elecciones en América Latina ha disminuido levemente. Actualmente, alrededor de 4 de cada 10 personas expresan confianza en las elecciones, en comparación con el 2012, cuando la cifra era de 5 de cada 10. Es relevante también recordar casos recientes en Brasil y Estados Unidos, donde expresidentes perdedores no aceptaron los resultados, generando desconfianza en una parte significativa de la población.
La confianza puede ser un aproximado de apoyo y legitimidad, en concreto, a instituciones claves en una democracia, como lo son las encargadas de las elecciones. La estabilidad política de un país puede verse comprometida si tanto las élites políticas como la ciudadanía comienzan a desconfiar de los árbitros del juego político, incluyendo los que adjudican conflictos, lo cual no es deseable en un sistema democrático.
Universidad de Costa Rica
Miembro del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina
