La vacunación contra COVID-19 ha evidenciado las enormes asimetrías entre los países que reproduce el sistema global; más allá de los discursos y las buenas intenciones, las naciones más ricas no se han tocado el corazón para acaparar el mayor número de vacunas posibles, dejando a cerca del 90% de la población de los 70 países de bajos ingresos sin oportunidad de vacunación antes del 2022. Mientras tanto, los países de ingresos altos –con el 16% de la población mundial– cuentan con el 60% de las dosis vendidas.
Desde mediados del 2020, la Unión Europea, Estados Unidos y países de ingresos altos, decidieron apostar por comprar el mayor número de dosis de vacunas que estuvieran en fases avanzadas de prueba. Con esto, acapararon grandes porciones de los primeros lotes generados por los laboratorios, cuya producción es incremental, y dejaron al resto del mundo con opciones mucho menores de acceso temprano al antígeno. El resultado de esta dinámica es que un país como Canadá ha adquirido cerca de 400 millones de dosis para 37 millones de habitantes, mientras que los países de ingresos bajos no podrán vacunar a sus grupos vulnerables este año.
En el caso de Estados Unidos, invirtió a través de la operación Warp Speed más de 10 mil millones de dólares para la investigación y desarrollo de las vacunas de los laboratorios Johnson & Johnson, AstraZeneca, Moderna, Novavax, Merck y Sanofi & GlaxoSmithKline. Con esto, más su capacidad de manufactura, accedieron a una buena parte de los primeros lotes de vacunas producidas, por lo que hoy pueden aplicar 2 millones de dosis en un día, equivalente a lo que ha podido hacer Indonesia en todo lo que va del 2021. Su estrategia ha sido exitosa y es legítimo velar por su propio país primero. Lo que ha sorprendido es el nulo espacio que han otorgado a la solidaridad internacional en este momento, y en el caso de México, existe un escaso entendimiento de la profundidad de nuestra integración económica y humana.
En el caso de Europa, la Comisión Europea aportó más de 2,900 millones de euros y firmó contratos por 2,300 millones de dosis para sus 450 millones de habitantes. Además, adoptó un mecanismo de control de exportación de vacunas para que los laboratorios necesitaran el visto bueno de su país de residencia para sacar el antígeno. Esta es considerada la primera medida anti mercantilista de Europa, desde la creación de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero en 1951.
Y mientras el nacionalismo se apodera de las decisiones de Estado en occidente, China y Rusia han entendido que sus desarrollos de vacunas contra COVID-19 son la vía para fortalecer sus relaciones y nivel de influencia en otras latitudes, particularmente en América Latina. A través de la vacuna Sputnik V, Rusia ha estrechado relaciones con países como Argentina, Nicaragua y México, mientras que las vacunas chinas de los laboratorios Sinovac, CanSino y Sinopharm serán aplicadas en países como Brasil, Chile, Argentina y México.
El día de hoy, una vacuna contra COVID-19 no sólo es la diferencia entre la vida y la muerte, sino la clave que definirá la manera en la que se ensanchará la brecha entre ricos y pobres, el detonante para iniciar la reactivación económica y un factor fundamental para la redefinición del orden geopolítico. Es indispensable definir fórmulas más éticas para el acceso equitativo a las vacunas. Si bien es cierto que el mecanismo COVAX fue creado para este propósito, al día de hoy es más una carta de buenas intenciones que una herramienta eficiente para salvar vidas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que enfrentamos un “fracaso moral catastrófico” derivado de las políticas desiguales de vacunación. Desde la Secretaría de Relaciones Exteriores coincidimos con este planteamiento, por lo que el pasado 17 de febrero, el canciller Marcelo Ebrard Casaubon reiteró, en la sesión de alto nivel de las Naciones Unidas, la imperiosa necesidad de cumplir con la resolución 74/274 de la Asamblea General de la ONU, misma que impulsó nuestro país y que llama a fortalecer las cadenas de suministro y a garantizar el acceso universal, justo, equitativo y oportuno a las vacunas contra COVID-19. Es claro que la obligación principal de los Estados es cuidar a los suyos pero no podemos olvidar que la justicia y la equidad deben prevalecer y que para poder enfrentar los tiempos complejos que vivimos, la ruta de la solidaridad es la única que nos llevará a buen puerto.
