El presidente Andrés Manuel López Obrador carece de la capacidad de entender el dolor, de relacionarse con las víctimas que forman colectivos que se conectan más allá de sus propias tragedias personales.
La empatía le es incomprensible. Por eso, una vez en el poder, dejó atrás sus promesas y no hizo más que ignorar, descalificar e incluso burlarse de muchas de las víctimas.
La excepción son los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. El Presidente recibe a los familiares e invierte recursos técnicos y económicos en la investigación, pero por otros intereses, no por un compromiso genuino con la tragedia. No se trata de los estudiantes, ni de sus familias, ni de la justicia. Es un tema de poder. De ganar con su “verdad”.
Ello explica la creación de la Comisión para la Verdad y la Justicia (COVAJ), que preside Alejandro Encinas; la Unidad Especial para la Investigación y Litigación (UEILCA), que hasta finales de septiembre estuvo a cargo del fiscal Omar Gómez Trejo; y el acompañamiento del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Los tres grupos lograron por mérito propio la confianza de las familias.
Sin embargo, el afán del presidente de querer controlarlo todo, de no dejar que la justicia camine por una senda separada de la política, y la intromisión del fiscal Alejandro Gertz Manero han provocado una grave crisis que puede terminar con la esperanza de los familiares de encontrar a sus hijos y de que los culpables sean castigados. Las razones son variadas y complejas.
Primero: La UEILCA pidió a mediados de agosto 83 órdenes de aprehensión contra personajes involucrados en la desaparición. Le fueron otorgadas por un juez, pero, sin explicación alguna, Gertz Manero solicitó la cancelación de 21 de esas órdenes, entre ellas las que afectaban a 16 militares acusados de delincuencia organizada.
Segundo: Mientras Gómez Trejo sugería esperar, Gertz Manero decidió ejecutar la orden de aprehensión en contra de Jesús Murillo Karam. Al mismo tiempo, destituyó al personal de la UEILCA y dejó al organismo sin los policías que investigaban el caso.
Tercero: Estas intromisiones representaron una presión contra Gómez Trejo, quien decidió renunciar el 27 de septiembre. El fiscal contaba con el respeto del GIEI y la confianza de los familiares.
Cuarto: Encinas dio a conocer el 22 de agosto el Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia. Incluyó un conjunto de pantallazos de WhatsApp que narraban hechos escalofriantes que supuestamente demostraban la manera en que autoridades locales, militares y criminales se habían puesto de acuerdo para matar y desaparecer a los estudiantes.
Sin embargo, en pocas semanas esas presuntas pruebas quedaron descalificadas, y no por la oposición sino, de manera inaudita, por el propio Encinas, quien en una entrevista con The New York Times admitió que no pudo verificar mucha de la información que presentó como evidencia nueva.
Es lamentable que, por presiones de Palacio, haya publicado un Informe con “pruebas” que no tenían un peritaje informático-forense.
Esta semana, el GIEI confirmó lo ya reconocido por Encinas: que por lo menos el 39 % de los pantallazos son falsos y no sirven como evidencia judicial. También denunció que el curso que tomó la investigación generó una pérdida de credibilidad en el proceso, por lo que dos de sus miembros, Claudia Paz y Paz y Francisco Cox, se retiran.
Más allá de las múltiples dudas e impunidad que todavía rodean al caso, lo que sí está claro es que, cuando los fiscales y las comisiones de la verdad no trabajan con una real independencia, el fracaso está asegurado. (Colaboró Nancy Lizett Manzo Romero)
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