Mientras arrecia el ataque gubernamental en contra de los órganos constitucionales autónomos y el Poder Judicial, en el Tribunal Electoral aflora la irresponsabilidad y escasea el buen juicio.
A pesar del delicado momento que atraviesa el Poder Judicial del que forman parte y de su propia circunstancia, que supone el que máximo tribunal electoral del país opere incompleto en el marco del proceso electoral más grande y complejo de nuestra historia (desde principios de noviembre la Sala Superior funciona sin dos de sus siete miembros dado que, luego del término del encargo de dos magistraturas, el Senado no ha hecho los nombramientos correspondientes, a pesar de haber recibido en tiempo y forma las ternas respectivas que remitió la Suprema Corte y, seguramente, no lo hará pronto), entre los magistrados electorales arrecian las intrigas palaciegas.
Tres de los cinco magistrados en el cargo, Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y Mónica Soto, en algo que ya se ha vuelto recurrente en la actual integración, demandaron y al final consiguieron la renuncia del actual presidente el órgano, Reyes Rodríguez Mondragón quien se separará del mismo a partir del arranque del próximo año.
Las maniobras públicas de los tres magistrados insurrectos pasaron por dejar plantados a los tres plenos que integran al Poder Judicial (Suprema Corte, Consejo de la Judicatura Federal y el del propio TEPJF) en el informe que a nombre del Tribunal Electoral rindió el hoy depuesto magistrado Reyes el pasado lunes 4 de diciembre, mientras en sus redes sociales presumían el haberse reunido los tres en un alegre desayuno. Vale la pena señalar que no se trataba de un informe personal, sino, en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la gestión del órgano jurisdiccional en su conjunto.
En los días posteriores, pretendieron en una sesión del pleno de la Sala Superior hacer una evaluación de la gestión de su presidente y someter a votación su continuidad alegando genéricamente que le habían perdido la confianza.
Paralelamente en una serie de comunicaciones públicas, las y los magistrados se enfrascaron en una polémica absolutamente opaca, llena de generalidades y vaguedades respecto a las causas y acusaciones que estaban detrás de la demanda de unos de la renuncia a la presidencia de Reyes Rodríguez y de la negativa de este último. Al final, sin que hubiera otra claridad respecto de las razones detrás del hecho, más allá del inexplicable berrinche público de la exigua mayoría de los integrantes de la Sala, se presentó la mencionada dimisión de aquél a la presidencia del órgano.
El episodio es grave. No sólo porque demuestra que la actual integración del TEPJF (que nació a la luz de la cuestionable ampliación del mandato de cuatro de sus siete miembros producto de un oscuro e inconfesado arreglo político, luego de que ya habían sido designados por un periodo menor y de haber protestado a su cargo) ha sido incapaz de construir un arreglo de gobernabilidad interna que le propicie un mínimo de estabilidad institucional (en siete años han tenido cinco presidentes y en enero serán seis, cuando la Ley establece que las presidencias deberán durar cuatro años), sino porque pone en entredicho la confianza y credibilidad que debería tener el órgano que será el encargado de calificar y validar la elección presidencial del próximo año.
En efecto, la presidencia del Tribunal no es un cargo que jurídicamente dependa de la confianza de sus pares, por lo que el argumento esgrimido por de la Mata, Fuentes y Soto, es insuficiente, pero, además, nunca se expusieron las verdaderas razones y causas que los llevaron a demandar la renuncia de Reyes, con lo que irresponsablemente abrieron las puertas a la especulación de las verdaderas intenciones detrás de su actuar.
En ese sentido, lo que demuestran es, o su nula altitud de miras para entender el daño que le están provocando en la actual coyuntura a la institución y al asediado Poder al que pertenecen, o bien el hecho de que se han prestado a ser el conducto de una captura política del órgano en tiempos en los que la autonomía y la independencia incomodan al avasallante poder que nos gobierna (con lo que no sería la primera vez que los miembros de este Tribunal ceden a las presiones políticas). En todo caso, el tiempo evidenciará cuál es la verdadera razón de su actuar irresponsable.
