El outsourcing también conocido como subcontratación o tercerización de servicios es un esquema de contratación utilizado por las empresas mexicanas desde varias décadas atrás, pero que en los últimos años ha tenido un mayor auge debido a su incorporación en la Reforma Laboral de 2012 ; sin embargo, ¿cómo es que una práctica legal en México y utilizada por empresarios en el mundo se ha convertido en motivo de controversia por su tinte persecutorio?
Entre los beneficios del outsourcing para las empresas se enlistan el que se puedan dedicar a realizar sus competencias clave, concentrar sus recursos en innovaciones y disminuir los costos de gestión del personal (reclutamiento, administración, capacitación, entre otros); en pocas palabras en aumentar su rentabilidad. Entre los riesgos de esta práctica están la falta de lealtad a la empresa por parte de los empleados, la elevada rotación del personal y, en casos en los que el marco normativo y el cuerpo institucional es débil, la evasión o elusión por parte de las empresas ante sus responsabilidades fiscales y en la provisión de los derechos laborales de los trabajadores.
Las cifras del outsourcing en México señalan que entre 2004 y 2014 (última información disponible en Censos Económicos de Inegi para el total de la economía) los trabajadores subcontratados pasaron de 1.4 a 3.6 millones y su representación pasó de 8.6% a 16.6% respecto al total de personas ocupadas. De mantener la misma tendencia de crecimiento de los últimos cinco años, se estima que para 2020 se tendría registro de un total de 5 millones de trabajadores aproximadamente.
A nivel sectorial, las empresas dedicadas al comercio y a las industrias manufactureras concentran 59.4% de los trabajadores subcontratados. Particularmente en las industrias, la fabricación de equipo de transporte y alimentos son los sectores que concentran 42.1% del total de trabajadores por outsourcing, con tasas de crecimiento en promedio anual de 4% para la industria del equipo de transporte.
El tamaño de la masa laboral tercerizada y su crecimiento es sobresaliente, así como el nivel de penetración laboral en las empresas. Según el estudio ‘Subcontratación en México. Balance y alternativas de regulación’, presentado en noviembre pasado por el Colegio de México, 75 mil pymes subcontrataron personal en 2014 y en más de 70% de estas afirmaron que la totalidad de sus empleados estaban tercerizados.
Entre otras estimaciones, se presume que 40% de las empresas intermediarias o que proveen de servicios de subcontratación pagan impuestos de acuerdo con la Ley, o incluso que 10% de los trabajadores bajo estos esquemas pagan los impuestos de acuerdo con su nivel salarial real, lo que en caso contrario ocurre con salarios inferiores de los realmente percibidos.
Derivado de este breve diagnóstico, la reforma laboral de 2019 -motivada en buena parte para la pronta ratificación del T-MEC-, ha tratado el tema de forma poco clara y sin especificar los mecanismos de acción para su adecuada regulación lo que ha abonado al ambiente de incertidumbre que prevalece entre inversionistas y empresarios un factor más para deteriorar el entorno de negocios en México.
La polaridad en el debate se puede resumir en dos posturas encontradas: aquellas que proponen una regulación más oportuna al crear un registro de empresas de subcontratación y reforzar los mecanismos de sanción e inspección en las empresas contratistas; y por el otro, aquellas de radicalismo extremo que pretenden prohibir el outsourcing al grado de judicializarlo y equipararlo con el crimen organizado.
Ante tal contexto es importante señalar que, por un lado, los esquemas de subcontratación flexibilizan las condiciones de trabajo para las empresas contribuyendo a una mayor rentabilidad, pero ésta debe ser sin demérito de los derechos de los trabajadores. En atención a ello, la regulación debe enfocarse en garantizar el acceso de los trabajadores a sus derechos, pero no sobajando a los empresarios y mucho menos tratándoles de criminales.
En contrasentido, nuestras autoridades debiesen enfocarse a diseñar e implementar mecanismos de política pública que propicien la generación de nuevos empleos de mayor cualificación y mejor remunerados en lugar de preparar ejércitos de inspectores que traten al empresario al nivel del criminal.
Presidente de Consultores Internacionales, S.C.
