La abogada Lenia Batres Guadarrama fue designada como ministra de la Suprema Corte el pasado 14 de diciembre, tras la salida adelantada del ex ministro Arturo Zaldívar y en medio de una controversia sobre su designación final por “dedazo” del Presidente López Obrador. Batres se convierte en la quinta ministra designada por la administración actual , junto con el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y las ministras Margarita Ríos Farjat, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz. A pesar de que González Alcántara Carrancá y Ríos Farjat han demostrado independencia en sus resoluciones, habrá que estar pendientes sobre si Batres será capaz de decidir con la misma imparcialidad o, al igual que las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, su presencia en la Corte asegura a priori un voto más a favor de las posturas del Ejecutivo.
Con la salida de Zaldívar, que se desempeñaba como ministro en la Primera Sala, dedicada a resolver temas de carácter civil y penal, la ministra Loretta Ortiz solicitó su cambio de la Segunda Sala a la Primera. Por lo tanto, Lenia Batres fue incorporada a la Segunda Sala, donde analizan y resuelven los asuntos en materias administrativa y laboral. La Segunda Sala se conforma también por los ministros Alberto Pérez Dayan, Javier Laynez Potisek, Luis María Aguilar y Yasmín Esquivel. Recordemos que para la resolución de los asuntos en las Salas, un ministro o ministra queda a cargo de la elaboración del proyecto, que después es votado junto con el resto de los integrantes de la Sala. En este sentido, dos de los cinco votos posibles en la Segunda Sala parecen estar asegurados a lo que decida el Poder Ejecutivo.
Independientemente de la alineación de fichas dentro de la Corte, vale la pena revisar también las posturas que Batres ya ha expuesto anteriormente sobre algunos temas de relevancia actual. En su discurso de comparecencia frente al Senado, y en ocasiones anteriores, se ha posicionado a favor de la elección popular de los jueces; y está llegando a la Corte en el tiempo estratégico para acompañar el proyecto en gestación de los “Diálogos para una Reforma Nacional de la Justicia” anunciado por Zaldívar. También se ha pronunciado sobre la reducción de sus salarios -acorde a la política de austeridad del Ejecutivo- comprometiéndose incluso a regresar a la Tesorería de la Federación el “excedente” de la remuneración que se le asigne como ministra.
Batres ha apoyado el controvertido traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, una decisión ya declarada inconstitucional por la Corte. Además, Batres respalda la continuidad de la prisión preventiva oficiosa. En la última votación sobre este tema, se registraron cuatro votos a favor y cuatro en contra, mientras que tres ministros se inclinaron por una interpretación más matizada, argumentando que la prisión preventiva oficiosa no debe ser automática, sino que cada caso debe ser examinado individualmente para determinar su procedencia. El voto anteriormente en contra de Zaldívar podría transformarse en un preocupante quinto voto a favor en manos de Batres.
Aunque hasta el momento estos son los hechos que confirman su perfil, habrá que darle el beneficio de la duda y augurarle lo mejor en su desempeño como ministra por el bien de México. Esperemos que su actuación como ministra se guíe por la imparcialidad y el compromiso con la justicia, y no por intereses políticos.
Abogado penalista
