El pasado 4 de marzo los priistas conmemoramos el 95 aniversario de la fundación del PRI. Dada la coyuntura político-electoral que vivimos y los lamentables y riesgosos resultados de gobierno que presenta la administración federal, considero conveniente referir algunas de las aportaciones del PRI a largo de casi 95 años al frente del Estado Mexicano.
Con su creación, el PRI puso fin a la lucha armada que derivo de la revolución de 1910, y así sentar las bases para comenzar un periodo de paz social en el país. Promulgó la constitución política más avanzada del Siglo XX, estableció los derechos sociales y llevó a cabo el reparto agrario (con orgullo comento que mi abuelo materno fue un gran líder agrario que participó en el reparto de tierras en Nayarit), creó las condiciones para el surgimiento y desarrollo de la clase media productiva, fundó los sistemas educativo y de salud en beneficio de las clases populares, fortaleció los derechos laborales, creo el IMSS, ISSSTE e INFONAVIT, impulsó la democracia sumándose decididamente a los esfuerzos para que el IFE se constituyera. Apoyó la creación de instituciones que garantizan la defensa de los derechos humanos, el acceso a la información pública gubernamental, la transparencia y rendición de cuentas en la función pública. Legisló para garantizarnos seguridad jurídica y patrimonial, dio autonomía al Banco de México y al INEGI y fortaleció la independencia del Poder Judicial.
Cito lo anterior porque esos logros (que hoy un gran número de los detractores del priismo presumen) están siendo atacados de forma sistemática y permanente por el gobierno actual, poniéndolos en riesgo de desaparecer. Para el PRI, gobernar 95 años de manera casi ininterrumpida no ha sido tarea fácil, pues enfrentó adversidades internas y externas que en su mayoría se superaron; por ello, sus resultados no son para criticarse, son para valorarse, conservarse y perfeccionarse.
En este contexto, es necesario demos seguimiento a las campañas políticas para hacernos de elementos que den razón y sentido a nuestro voto. Recordemos que el próximo 2 de junio se elegirán 20 mil 708 cargos de elección popular y que somos más de 98 millones de ciudadanos con posibilidad de acudir a las urnas.
Por supuesto que la elección presidencial es de suma trascendencia, pero igual lo es cómo quedarán integradas las cámaras de Diputados y Senadores. No menos importantes serán los resultados en gubernaturas y congresos estatales, en municipios y alcaldías.
La cobertura de los medios de información tradicionales y la penetración de los electrónicos permiten ponderar la capacidad y la visión, el carácter y la transparencia, la experiencia y la eficiencia de las dos mujeres que buscan gobernar México. Asimismo, no desaprovechemos la oportunidad de evaluar las propuestas, capacidades y limitaciones de quienes pretenden llegar al Congreso. Pongamos mucha atención a las propuestas de campaña para medir su factibilidad; es decir, si son concurrentes con el combate a la inseguridad, las finanzas públicas, el comercio global, las necesidades sociales, el medio ambiente, la conservación y ampliación de infraestructura, entre muchos otros temas.
Hablar del 2 de junio es referirnos a la elección más grande en la historia de México. No permitamos que ni la violencia, ni la negligencia del Gobierno Federal para protegernos de esta, ni lo expuesto por encuestas “amañadas”, cohíban nuestra presencia en las urnas. Participemos y elijamos bien, pues de los resultados de las elecciones dependerán en gran medida el futuro de las instituciones, la corrección de rutas de gobierno, el crecimiento económico y el bienestar de la población.