Ante los muy diversos cuestionamientos que ha hecho el titular del Ejecutivo Federal durante esta semana que termina a las organizaciones no gubernamentales , particularmente a las que se dedican a los temas ambientales, hay que empezar esta colaboración agradeciendo las múltiples muestras de apoyo y solidaridad recibidas en el país y muchas más provenientes de fuera. Mas de 1500 entre organizaciones, redes y personas han suscrito que el Gobierno de México debe abstenerse por completo de estigmatizar la labor de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
El viernes 28 de agosto en la conferencia de prensa, se dijo que organizaciones de la sociedad civil, periodistas y fundaciones extranjeras han armado un complot para descarrilar el mal llamado Tren Maya y se pidió una aclaración al respecto. Las organizaciones de la sociedad civil no son supuestamente independientes ni supuestamente no gubernamentales, pertenecen en efecto a la sociedad civil. Son transparentes, usan el derecho y son autónomas y seguirán alzando la voz cada vez que se cometen violaciones de derechos humanos, cada vez que una personas defensora sea agredida, cada vez que un ecosistema sea degradado.
Lo primero que se detecta aquí, es que hay insensibiidad. Segundo, nos encontramos frente a una campaña falsa, sucia, y orquestada. Tercero, se considera que es inmoral agredir sin sustento a quienes diferen o disienten con el pensamiento o actuar del gobierno, buscando con ello desacreditar y difamar a quienes por decadas han luchado en México a favor de las mejores causas sociales, incluyendo las ambientales.
Desde 2012 a diciembre de 2019 se han documentado 500 agresiones a personas defensoras ambientales. Solo en 2019 han mataron a 18 ambientalistas en Mexico de acuerdo con información de Global Witness . En el caso que nos ocupa, son las personas defensoras locales, indigenas, campesinas, activistas, ambientalistas locales que luchan todos los dias por un mejor entorno y por los derechos de la naturaleza, de los pueblos indigenas y de sus territorio, y en contra del cambio climatico, los que quedan expuestos a ser estigmatizados, amenazados e incluso, reitero, asesinados.
En el caso particular del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el Centro lleva mas de 27 años en esto; ahí NADIE se disfraza por dinero de ambientalistas o de defensores de derechos humanos. El disfraz te lo pones para una obra de teatro o para pedir halloween, pero no lo podrás aguantar puesto durante tantos años. Lo que se hace, no es lucha de poder, no es politiquería, es la ley, la naturaleza, son las personas, su vida, su calidad de vida lo que los mueve. Si hay intereses detrás de asuntos como el Tren Maya, y son la naturaleza, los territorios indigenas, el medio ambiente, la legalidad y el estado de derecho en materia ambiental, los recursos naturales de la región que se van a ver afectados y el respeto a los derechos humanos de las personas. No es oponerse por oponerse, es buscar el cumplimiento efectivo de la legislación ambiental, la proteccion ambiental y el respeto de los derechos humanos de toda la poblacion.
El financiamiento del CEMDA proviene en parte de financiadores internacionales, datos que son publicos y que anualmente se declaran ante el SAT/SHCP. El dinero que se recibe NO esta etiquetado para oponerse a la construcción del tren maya. Es lícito y legítimo lo que se hace , siempre en el marco de la ley y auditados anualmente por una firma prestigiada y reconocida a nivel internacional. Sobre los donativos que se reciben, todos los años, en calidad de donataria autorizada, y en cumplimiento de la normatividad fiscal aplicable, se presentan informes anuales de transparencia al SAT por lo que los que quieran saber al respecto ahí los pueden encontrar. El SAT timbra los recibos de donativo y se cumple con las obligaciones de antilavado de dinero.
CEMDA sí ha recibido donaciones de Fundacion Kellogg desde el 2016 cuando del Tren Maya ni siquiera se hablaba. El apoyo que da la Fundacion Kellogg es para contribuir al fortalecimiento de las capacidades de las personas defensoras indigenas en Campeche, con el proposito de garantizar el derecho de los niños a un medio ambiente sano mediante la implementación de un programa de desarrollo de capacidades/asistencia legal, para promover la participación en la toma de los procesos de toma de decisiones en los que pueda trabajar en favor de la protección de los recursos naturales”. Con ese apoyo, se ha trabajado con mas de 70 comunidades, con centenares de personas defensoras defensoras indigenas, buscado proteger ecosistemas degradados por la contaminacion de glifosato y otros megaproyectos.
Si se brinda asesoría legal a organizaciones y grupos sociales que se oponen a proyectos que no cumplen con la ley, que destruyen a la naturaleza y que les violan sus derechos humanos. Este tipo de trabajo se viene realizando desde la Administración del Presidente Zedillo cuando hubo oposición a la expansión de la planta de sal de la emprea “Exportadora de Sal” en la cual participaba Mitsubishi en asociación con el Gobierno de México. Igualmente, en 1996 denunciamos al gobierno de México ante la Comisión Ambiental del TLC por la no plicación efectiva de la legislación ambiental en relación a la construcción de un muello en Cozumel, Quintana Roo.
Asì las cosas, deben cesar la amenazas a la libertad de expresión y de acción, contempladas en nuestra carta magna. Asimismo, hay que parar la calumnia y la difamación así como la crimininalización que están ejerciendo en casos como el que aquí se comenta. Tal es el caso de la denuncia penal por presunta discriminación que se interpuso en contra del CEMDA y del CRIPX (Consejo Regional Indigena y Popular de Xpujil) en días pasados. Ahora resulta que por defender el patrimonio natural de nuestro país eso se convierte en una actividad de alto riesgo.
¿Acaso no hay temas de relevancia nacional que deben de ser atendidos urgentemente antes de andar detrás de las organizaciones de la sociedad civil? ¿Cómo no darle la prioridad y la atención que merece la pandemia que nos ha azotado con fuerza? ¿Cómo es posible que no se atienda atinadamente la muy riesgosa situación economico/financiera por la que estamos travezando? ¿Y la inseguridad, la corrupción aún presente, el desempleo, la violencia a las mujeres, la pobreza? Que quede claro y que se escuche lejos: las organizaciones de la sociedad civil no van a parar, no se van a detener, no se van a callar, y como decía el Quijote de la Mancha: “Si los perros ladran Sancho, es señal que cabalgamos”.
Director Ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA)
