En 2008 se publicó la Ley General de Contabilidad Gubernamental, obligatoria para los tres Poderes de la Unión, Entidades y Dependencias de los tres órdenes de gobierno y Órganos Autónomos Federales y Estatales, lo que dio inicio a un proceso que se conoce como Armonización Contable, bajo la rectoría del Consejo Nacional de Armonización Contable (Conac), que emite normas y lineamientos para la generación de información financiera.
En 2010, se publicó el Manual de Contabilidad Gubernamental, el cual ha facilitado la implementación de esta Ley, que da orden y claridad a su objetivo de creación, al incluir, como parte del Sistema de Contabilidad Gubernamental, clasificadores presupuestarios, instructivo de cuentas y guías contabilizadoras, lo que vino a homologar la información financiera y presupuestaria que preparan y que están obligados a publicar los entes públicos, considerando las mejores prácticas contables nacionales e internacionales.
La contabilidad gubernamental facilita el control, la evaluación y fiscalización de los entes públicos, considerando que obliga al registro de las transacciones que realizan éstos en tiempo real y de manera simultánea, tanto para efectos contables como del ejercicio del presupuesto, lo que permite a los órganos internos de control que fiscalizan en tiempo real, detectar con oportunidad posibles hechos de corrupción.
La Ley también es precisa respecto a que las transacciones que realizan los entes públicos y su registro deben contar con la documentación justificativa y comprobatoria sin excepción alguna, lo que en la práctica no siempre sucede, lo que he constatado en la ejecución de la fiscalización superior, la cual, a pesar de que se realiza con posterioridad al cierre de la cuenta pública, en ocasiones, los entes fiscalizados no cuentan con la documentación que soporta el presupuesto pagado o con la evidencia del servicio que les fue prestado o la recepción del bien adquirido, lo que deriva en observaciones por parte del órgano de fiscalización superior por posibles afectaciones a la Hacienda Pública Federal.
Otro valor que aporta el Sistema de Contabilidad Gubernamental es que proporciona los elementos de trazabilidad de los recursos públicos y la evidencia documental suficiente y competente para integrar los expedientes que soportan posibles responsabilidades administrativas y en su caso, la promoción de denuncias penales, necesarias para que puedan sancionarse posibles irregularidades cometidas por servidores públicos, única vía para combatir la impunidad.
La medición del avance en la implementación de la armonización contable a nivel nacional se realiza a través de un Sistema de Evaluación conocido como SEvAC, herramienta tecnológica que recopila la información de diversos temas de armonización contable con el propósito de revelar el grado de cumplimiento de la Ley y lineamientos del Conac, el cual, en su última evaluación 2022, reporta un avance general del 81.50%. En este sentido, la Política Nacional Anticorrupción identifica la falta de Armonización Contable como una de las múltiples causas de la incapacidad que se ha tenido para controlar la corrupción.
Debe reconocerse que la Contabilidad Gubernamental es una herramienta que vino a fortalecer la rendición de cuentas, facilita la fiscalización y las actividades de control, mejora la transparencia y contribuye al combate a la corrupción e impunidad. Los desafíos consisten en que el cien por ciento de los entes públicos terminen de implementar su sistema de contabilidad gubernamental y que cumplan con todas sus obligaciones.
