Agandallar significa avasallar a alguien sin miramientos ni respeto, llevado por el interés o el provecho propios; quitar desconsideradamente algo a alguien. Así fue como el pasado 28 de septiembre el Órgano de Gobierno del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa (SEMAES), designó a su Secretaria Ejecutiva, en medio de un proceso sumamente cuestionado en diversos medios de comunicación y por distintas organizaciones de la sociedad civil pertenecientes a la Red Nacional de Participación Ciudadana Anticorrupción del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (REPCA).
En el caso que me ocupa, el presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SEMAES, órgano que tuvo bajo su responsabilidad el proceso para integrar una terna, uno de los cuatro entrevistadores, le dio a una de las participantes una calificación de 10, incoherente comparada con las que le dieron las otras tres integrantes, que fueron de 24, 24 y 23.5; digamos que una modesta calificación de 15 hubiera sido suficiente para incluirla en la terna. Por supuesto, la calificación más alta que otorgó este señor, que fue de 25, se la dio a quien resultaría elegida para el cargo y quién desde que inició el proceso se señalaba como favorita. La intención era muy clara, buscaba descarrilar a una destacada participante y lo logró.
La afectada, en este caso, fue la Ing. Annabel Quintero, quién cuenta con una destacada trayectoria en actividades de fiscalización tanto en la Secretaría de la Función Pública como en la Auditoría Superior de la Federación, principalmente en Obra Pública, una de las actividades que ejecutan los gobiernos más complejas de revisar por el alto grado de especialización técnica requerido, donde se esconde parte importante de la corrupción en México.
Debo destacar que las tres integrantes del CPC del SEMAES emitieron un comunicado donde exhortaron a su presidente a responder a los cuestionamientos realizados, señalando que solamente él podría fundamentar y motivar su calificación, lo que no hizo. Una de ellas, Lucía Mimiaga, congruente con la responsabilidad que hoy tiene, en un comunicado personal, que suscribo en su totalidad, se deslinda de dicha votación que distorsionó los resultados finales de la terna y fue más allá, la califica como una acción burda, de “cinismo y actuar sin ética” señalando que con esto se “mina la confianza ciudadana” y “mancha un proceso que cuidamos mucho desde el inicio” y cierra con una frase que refleja el hartazgo ciudadano “si no les interesa combatir la corrupción RENUNCIEN y dejen de estar obstaculizando y manchando al CPC”
Mi cuestionamiento no es hacia la persona que se eligió, quién posiblemente sin esta burda acción, de cualquier forma hubiera llegado; va más allá de eso, cuestiono el proceso mismo y muchos que se realizan en los Sistemas Estatales Anticorrupción e inclusive en el Sistema Nacional Anticorrupción, donde se busca atrapar y acotar desde los grupos de poder político y los fuertes intereses económicos detrás de éstos, la muy limitada participación ciudadana, buscando colocar personas a modo, que respondan a sus intereses.
No me queda la menor duda que estos procesos se han vuelto verdaderas simulaciones, como también lo son otras designaciones que pasan por las Cámaras, con el correspondiente desgaste de quienes participan que, teniendo méritos suficientes, llegan a creer que tienen alguna posibilidad de alcanzar un encargo, cuando antes de iniciado el proceso ya se sabe quien va a ganar y no necesariamente es el perfil idóneo sino el más conveniente.
Experto en fiscalización y presidente del OSNA
Twitter: @gldubernard @CPCSNA
