Lamentablemente, nuestro país se ha convertido en un “paraje macabro por muertes violentas”. Esa terrible connotación internacional de “destino peligroso”, se asocia por los números proporcionales a la población, como el lugar más peligroso para los oficios que realizan periodistas, activistas de derechos y libertades humanas y recientemente, ministros de culto religioso. Sin embargo, desde hace mucho, México es el cementerio más grande de inmigrantes que cruzan desde el sur del continente rumbo a la frontera norte.
En paralelo, también somos un país que alcanza porcentajes elevados por desapariciones. Paradójicamente, los datos más reveladores de una buena parte del fenómeno letal de migrantes, lo sabemos porque la autoridad migratoria estadounidense los ha hecho del dominio público. Mientras el Instituto Nacional de Migración, guardó silencio -recientemente- cuando se le requirieron las referencias globales del doloroso trance, aunque había difundido algo de la información antes, aseguró no encontrarla.
Así estamos enterados qué, durante 2021, fallecieron 557 migrantes indocumentados en su intento por cruzar la frontera entre México y los Estados Unidos. Lo más alarmante es que esas cifras representan un incremento del 125% respecto de año inmediato anterior (2020) cuando se registraron 247 decesos y, a su vez, un incremento de un 87% respecto del inmediato anterior 2019, cuando la cifra fue de 300, por lo que además pudiéramos estar en la antesala de una tendencia progresiva (cifras aportadas por mi compañera Julieta Del Río al complementar mi exposición).
Si bien el motivo de la reclamación de información que alguien hizo al INM se acotó a las cifras de muertes violentas de migrantes de 2012 al 2021; la cuestión obliga visualizar la trama de la dramática situación de los flujos migratorios, que cruzan incesantemente y se estacionan en las ciudades mexicanas fronterizas del norte en tanto pueden intentar de nueva cuenta el objetivo anhelado; un colectivo que permanece en nuestro territorio de manera clandestina según los términos legales, un conglomerado humano que ha padecido y sufre la indiferencia social a su trashumancia, el acoso oficial que deja saldos de extorsión y la violencia criminal que se ha desatado en todo el país y que se ensaña con estos grupos a los que involucra en sus operaciones bajo amenaza o a los que aniquila por mera crueldad. Desgraciadamente, el INM respondió negando tener la información. Olímpicamente se excusó, acudiendo a la “inexistencia” después de haber buscado en sus áreas administrativas.
Naturalmente, la burda evasiva produjo irritación legítima de quien hizo el requerimiento y para remedio fue al INAI a través de la vía de impugnación de la mala respuesta y fue que el pleno resolvimos hace días, ordenar al INM buscar definitivamente y localizar la información que debe obrar en su poder y entregarla al reclamante. Cada vez que una institución o dependencia (“sujeto obligado”) de las leyes de transparencia y acceso a la información son incumplidas o burladas a través de las socorridas tácticas engañosas o huidizas se quiebra el Estado de Derecho.
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