El próximo domingo 29 de mayo los electores del país sudamericano acuden a las urnas para elegir a su próximo presidente en medio del ambiente político y social más turbulento de las últimas elecciones, que ponen a prueba la débil democracia colombiana.

Y es que la preocupación no puede ser menor, no solo por el resultado de las pasadas elecciones legislativas que fueron contrarias a los partidos tradicionales y de gobierno, sino por las tendencias en las encuestas, que muestran que, por primera vez en la historia de Colombia, existen altas posibilidades de que un candidato de izquierda, como lo es Gustavo Petro y su vicepresidenta, la feminista y ambientalista negra Francia Márquez, asuman el poder. En un país que históricamente ha sido gobernado por sectores de derecha y extrema derecha, la preocupación no puede ser menor.

Es así como desde el gobierno en turno que encabeza Iván Duque, pero que representa los intereses de Álvaro Uribe y los sectores económicos y políticos de extrema derecha que lo acompañan, han dedicado todo su poder y recursos para frenar lo que consideran el mayor peligro para sus intereses. Ante este temor, el gobierno de Duque, violando de forma flagrante la Constitución por su participación política siendo funcionario del Estado, ha venido atacando públicamente al candidato opositor y apoyando a Federico Gutiérrez, político totalmente afín a sus ideologías. Abusando del poder presidencial y contando con el apoyo de un Congreso que lo secunda, no tuvieron temor de volver a violar la Constitución, modificando la Ley de Garantías que prohibía otorgar contratos en periodos electorales y así facilitaron que los gobiernos departamentales usaran esos dineros para celebrar contratos y, con ello, la compra de votos para su candidato. Dicha modificación de ley hace algunos días fue declarada inexequible por la Corte Constitucional. Preocupan enormemente las declaraciones del comandante del Ejército colombiano, Eduardo Zapateiro, quien publicó varios tuits contra el candidato presidencial Gustavo Petro, acto que es totalmente contrario a la Constitución nacional, que prohíbe la participación política de las fuerzas armadas y que hace temer de lo que sean capaces. Se le olvida al general que su deber es con el Estado y la Constitución, no con una élite política y económica.

Alarma también que el registrador nacional, Alexander Vega, haya generado serias dudas sobre las garantías que ofrece la institución encargada de contar los votos, ante las muchas irregularidades presentadas en las pasadas elecciones legislativas en contra de la coalición de izquierda del Pacto Histórico. Por su parte, los candidatos del gobierno: Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández, desesperados por verse atrás en las encuestas, juegan su triste papel de difundir mentiras, de generar y promover intimidaciones sociales ―que algunos grupos vuelven violencia―, generando mayor polarización, antes que plantear soluciones distintas a las que tiene al país como está.

Como si todas esas cosas no fueran terribles, Gustavo Petro de nueva cuenta sufrió amenazas contra su vida de parte de grupos al margen de la ley y vinculados con las numerosas muertes de líderes sociales y defensores de derechos humanos. En Colombia, donde además han sido asesinados cinco candidatos presidenciales en las últimas décadas, es algo que debe dejar inquieta a cualquier persona. No por nada es una de las naciones consideradas más violentas a nivel global.

Son muchos los intereses políticos, económicos, sociales e internacionales que están en juego en la primera, de las dos posibles vueltas, que comprende las elecciones del próximo domingo. Por eso mismo se espera que sea la participación masiva de la ciudadanía con su voto libre y secreto, la que defina un nuevo y mejor futuro para una nación que está muy agobiada por la violencia, la desigualdad social y la falta de oportunidades. Colombia no resiste más seguir por el mismo camino de los intereses políticos de siempre y de los grandes sectores económicos tradicionales, que lo han llevado a la grave situación en la que hoy se encuentra. Ojalá todos esos actores que se han beneficiado durante décadas del Estado colombiano tengan la capacidad de entender, que incluso para su sobrevivencia, es necesario un cambio, un nuevo país, que de cara al futuro pueda estructurar mejores bases de derechos, de convivencia social y pacífica, de iguales oportunidades económicas y políticas, donde sea posible que las nuevas generaciones vivan sin miedo y en paz.

Las elecciones de este domingo son una prueba de fuego para la débil democracia colombiana, o se fortalece o queda en entredicho su futuro.

Investigador del CIALC-UNAM



 

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