En Colombia miles de personas llevan más de doce días saliendo a las calles a mostrar su inconformismo, no solo hacia el actual gobierno, sino a décadas de desatención social y corrupción por parte de los políticos. En el marco de esa oleada de levantamiento social que está caracterizando a Latinoamérica esta nación encierra particularidades que vale la pena destacar.

En primer lugar, se debe tener presente que a diferencia de otros de la región, este país ha estado inmerso en un conflicto armado de más de cincuenta años, que fue originado por el odio extremo promovido entre los partidos tradicionales como el liberal y conservador, que llevaron a la muerte a más de dos millones de personas y que son responsables del origen de la guerrilla, que hoy se niega a desaparecer pese al acuerdo de paz. Ha sido ese conflicto el que los gobiernos usan para minimizar y desprestigiar a los movimientos sociales y, que en no pocas ocasiones, fueron asociados con esos actores armados al margen de la Ley, con lo cual se ha buscado siempre denigrar sus justas reivindicaciones.

La permanente violencia entonces, promovida por diferentes actores entre ellos el Estado, es uno de los justificantes para salir a las calles. Y no es para menos ya que cuando hacemos una rápida mirada a la historia, se ve al Estado colombiano como responsable de la creación de grupos paramilitares y autodefensas, que junto con la guerrilla y el narcotráfico han sembrado de violencia el territorio nacional. Gobiernos que en los ochenta mataron a más de 3000 militantes de un partido de izquierda que, como la Unión Patriótica, buscaba la toma del poder por vía democrática y no por las armas, o cuando bajo el gobierno de Álvaro Uribe a comienzos del nuevo siglo, cientos de jóvenes (campesinos, indígenas) fueron asesinados haciéndolos pasar como militantes de la guerrilla en lo que se conoció como los falsos positivos, algo que al día de hoy sigue sin resolverse. Como no enojarse cuando desde 2016 han sido asesinados más de 400 líderes sociales y defensores de derechos humanos, más de 135 líderes indígenas y, hace tan solo unos meses atrás en un bombardeo a la disidencia de las FARC , fueron asesinados más de una decenas de niños y jóvenes. Es mucha violencia eso no se puede callar.

No puede desconocerse los problemas económicos que llevan también varias décadas sin resolverse, ya que los gobiernos en turno se han plegado plenamente a los interese del mercado internacional, aplicando al pie de la letra todas sus recomendaciones relacionadas con privativación del Estado, de todos los servicios públicos, de incremento de la deuda externa, de reformas fiscales que pagan los sectores populares y la clase media, de incremento del IVA, de aumento de la edad de la pensión y bajos porcentajes de pago de pensiones, de reformas laborares que han incrementado la informalidad, el sub empleo y un desempleo que cada año sube. Toda esta política económica ha favorecido un falso desarrollo donde los beneficiados son las grandes empresas y consorcios así como los sectores políticos tradicionales. No ha beneficiado a la mayor parte de la población que vive en pobreza, que no le alcanza para vivir, que constata día con día como se amplía la diferencia entre ricos y pobres. Por eso los sectores en condición de calle, las clases populares, los sectores de clases medias y hasta media alta protestan, porque tanto a unos como a otros se les tiene marginados de los beneficios económicos que presume el estado en materia de salud, trabajo y educación.

No es casual que sean los estudiantes quienes siguen liderando las protestas , pues ven con preocupación la existencia de un no futuro, con un gobierno que niega la paz como principio de convivencia, que entrega su territorio a las grandes trasnacionales que explotan y degradan el territorio, propiciando destrucción ambiental y desplazamiento de indígenas y campesinos. Jóvenes que no tienen posibilidades de acceder a la educación pública, porque se ha permitido la corrupción y su destrucción, porque se ha privilegiado la privada, porque no cuentan con posibilidades de empleo cuando se han endeudado para terminar una carrera. Es por no perder ese futuro que miles y miles de estudiantes están en las calles, cuando deberían estas en la aulas o trabajando.

El gobierno sobrepasado por la protesta se ha visto obligado a realizar lo que siempre ha negado, el diálogo, por eso llamó a un conversatorio nacional para discutir las demandas de los distintos actores sociales y políticos. Dada la situación tan preocupante, al presidente Duque no le queda otra que escuchar, entender y atender las demandas. No debe él y el partido de derecha que representa, seguir agrediendo con la fuerzas policiales a los marchistas, ni seguir descalificando el movimiento social, de culpar a otros países, de decir que lo que se pide ya se hizo o se va hacer, el problema es que no se le creé, ni lo que representa.

Por eso esta es una buena oportunidad para que cambien las cosas, para que demuestre que no es Uribe quien lo manda, que no gobierna para su partido y para los grandes intereses económicos, que entienda que es el presidente de toda una nación y que tiene la obligación histórica de que Colombia tenga un futuro de bienestar y equidad y no dejarlo en su nefasto pasado de violencia y marginación.

Google News

TEMAS RELACIONADOS