La semana pasada fue asesinado el candidato presidencial Fernando Villavicencio, luego de salir de mitin en el centro norte de Quito, lo que agrava aún más la ya de por sí difícil situación de seguridad que viene atravesando Ecuador desde hace algunos años.
Caracterizado por ser un país relativamente estable, con el paso de los años esta nación ha venido presenciando un incremento de la violencia que ya para el año pasado mostraba datos históricos de homicidios e inseguridad, siendo ésta la principal problemática. Según algunos reportes oficiales en los últimos dos años, Ecuador ha pasado de ser el segundo país más seguro de Latinoamérica a convertirse en uno de los más violentos. Esto tiene una incidencia directa en el descrédito de las instituciones públicas vinculadas a la contención del delito, además, por los fuertes impactos en la calidad de vida de la población ecuatoriana.
Y es que esta situación violenta tiene como ejemplos, además del asesinato de Villavicencio, la muerte en febrero de este año del candidato a la alcaldía de Puerto López horas antes de que abrieran las urnas, semanas antes, fue el candidato a alcalde de Salinas, otra localidad costera, quien fue asesinado a tiros y, unos meses después en julio, le tocaría el turno al alcalde de Manta Agustín Intriago. Todas estas muertes están relacionadas con el crimen organizado y narcotráfico -en la medida que se pasó de ser país de tránsito a ser un centro de acopio internacional de droga-, cuyo poder y vínculos con la clase política en Ecuador, el candidato presidencial Villavicencio había denunciado en múltiples ocasiones dando incluso nombres. Es muy preocupante que el asesino del candidato presidencial sea de origen colombiano, al igual que las personas sospechosas capturadas y que se hable de la presencia de carteles de la droga colombiana y mexicana controlando algunas zonas portuarias del pacifico latinoamericano.
Lo sucedido pone al Ecuador en una situación sociopolítica aún más difícil de lo que ya se encontraba. Recordemos que el presidente Guillermo Lasso había disuelto el congreso para evitar su propia destitución y convocó a elecciones anticipadas, las que se llevaran a cabo el próximo 20 de agosto. El país ya venía muy convulsionado por esta decisión, pero el incremento de la violencia y una situación económica que empeora, como resultado de la pandemia, la variación de los precios del petróleo y las decisiones económicas no muy acertadas de este y el anterior gobierno, muestran un panorama preocupante a futuro para este país andino, ahora con declaratoria de estado de excepción por el presidente Lasso.
Vienen las elecciones este domingo en donde no solo se escogerá un nuevo presidente, sino además, una nueva Asamblea Nacional (Parlamento) y se realizarán dos plebiscitos sobre petróleo y minería. Son siete los candidatos, esperando que el Consejo Nacional Electoral autorice a Christian Zurita en reemplazo de Fernando Villavicencio. A los retos de gobernabilidad por el escenario generalizado de violencia y la muerte de un candidato presidencial, se suma la poca credibilidad en los partidos o el no poder obtener mayorías para el control del Parlamento. También será relevante para el o la futura gobernante, el resultado del plebiscito para detener la extracción de petróleo del Bloque 43-ITT, uno de los principales yacimientos de Ecuador, lo que impactaría en una economía ya de por si con serios problemas, que obligará a pensar cómo se reemplazarán esos ingresos que percibe el Estado por la renta petrolera.
Independiente de la persona que resulte ganadora en los comicios de este domingo, el reto es muy grande, será necesario tejer alianzas con los demás partidos y en particular con los indígenas para poder gobernar, en materia económica está el tema del financiamiento de la deuda y el alto nivel de gasto público, así como el manejo económico de las crecientes demandas sociales. Pero sobretodo, urge alguien que garantice que se protegerá el Estado de derecho y la democracia ante el embate de los grupos al margen de la ley.
