Incidir en la plena realización de las personas sin importar su edad, genero, origen, credos, condiciones o gustos es una tarea que realiza la sociedad civil organizada. Paradójicamente, día a día estas organizaciones enfrentan múltiples problemas y la falta de capacitación las enfrenta al declive o desaparición.
Las acciones del tercer sector no se limitan a acciones filantrópicas. Paulatinamente crecen las asociaciones civiles que evalúan las políticas públicas e, incluso, algunas logran incidir en la agenda política del país y en la legislación.
En México, la sociedad civil juega un papel importante en la promulgación de leyes que protegen a grupos vulnerables. Algunos ejemplos son la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social publicada en 1986 o leyes en favor de los Pueblos y Comunidades Indígenas que incluyen el derecho al autogobierno.
Estas leyes fueron impulsadas por la sociedad civil y contribuyen a proteger a grupos vulnerables en México. Incluyen a niños, adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, población indígena, migrantes y otros.
Una acción crucial del Tercer Sector es el fortalecimiento de la democracia. También alertar sobre prácticas que anulan o limitan los derechos humanos de grupos vulnerables. Tales acciones presentan múltiples escollos, desde legislaciones que criminalizan la labor de las Organizaciones Civiles No Gubernamentales (ONGs) a enfrentar intimidaciones, acosos y ataques físicos.
Aunado a esto, la sociedad civil organizada (OSC) enfrenta diferentes dificultades. En México, concretamente, la sostenibilidad de estas figuras no lucrativas es de apenas 4.5 puntos, según la Agencia de los Estados Unidos para la Cooperación Internacional, el Buró para la Democracia, el Conflicto y la Ayuda Humanitaria y el Centro para la Excelencia Democrática, Derechos Humanos y Gobernanza.
Ahora, la ignorancia, falta de capacitación y desconocimiento representan el principal problema de las ONG.
Por ejemplo, aunque las organizaciones de la Sociedad civil (OSC) pueden constituirse bajo varias figuras legales o personas jurídicas, más del 90 % se constituyen como asociación civil (AC) porque desconocen otras opciones.
El entorno legal no es el único obstáculo. Las OSC en México carecen de capacidades organizativas sólidas. Las estructuras de gestión débiles son la norma entre las OSC mexicanas.
Así, las organizaciones más pequeñas carecen con frecuencia de una división de responsabilidades, lo que deriva en que sus colaboradores y voluntarios cumplan varias funciones a la vez y que sus consejos directivos sólo existan en papel.
Por otra parte, el 48% de las donatarias autorizadas no tienen una plantilla consistente, mientras el 32% tiene equipos de menos de 20 colaboradores.
La viabilidad financiera representa otro escollo. Ante la suspensión de apoyos del gobierno federal y las restricciones fiscales a las donatarias autorizadas durante este sexenio, muchas organizaciones desconocen como acceder a fondos nacionales e internacionales que anualmente suman más de 2,600 millones de dólares. El 23% lo otorgan personas físicas, 71% por organizaciones privadas y sólo 6% los organismos gubernamentales.
Ahora, aunque la capacidad de las OSC para incidir, participar, defender y promover agendas de política pública en México se deterioró en esta administración, el Tercer Sector desarrolla resiliencia, producto de la lucha intergeneracional de activistas, organizaciones y colectivos.
El papel de las asociaciones civiles para salvaguardar los derechos humanos en el país tiene impactos directos en la sensibilización de la opinión pública y prestan una amplia gama de servicios a las comunidades a las que sirven.
La profesionalización del Tercer Sector y capacitación en planeación estratégica, redes y alianzas, recaudación de fondos, monitoreo y evaluación de proyectos y asuntos organizacionales son tareas ineludibles para fortalecer los derechos humanos.
Experto en asociaciones civiles y otras figuras no lucrativas.
