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Edificios vacíos, algunos apenas señalados con un membrete o logotipo que indica lo que va a alojar en un futuro aún no precisado, mientras que en otros casos ni siquiera eso, es el avance que a un año de funciones de la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, demuestra como resultado de una de sus promesas de campaña más polémicas y ambiciosas: la descentralización de la mayor parte de las secretarías y dependencias gubernamentales.
Si bien el proyecto era loable pues la intención era acabar con el centralismo de la función pública y fomentar la dispersión equitativa de las dependencias estatales a lo largo y ancho del territorio nacional, a fin de impulsar con ello también la redistribución de grupos humanos y compañías e industrias del sector privado que habrían de seguir su ejemplo, lo cierto es que a más de un año de distancia de que se comenzó a considerar tal posibilidad, es poco o casi nada lo que se ha hecho para concretar ese propósito.
Y es que desde un inicio el anuncio fue recibido con rechazo por los propios trabajadores de las dependencias, quienes no contaron con una explicación clara de lo que sería su futuro laboral en otra entidad, a la que ni siquiera sabían si habrían de trasladarse por su cuenta y gasto, o contarían con apoyo gubernamental para conseguir una nueva casa para su familia y escuela para sus hijos; o bien, una liquidación justa en caso de que no quisieran participar en la mudanza.
Varias de las secretarías escogidas para salir de la capital y alojarse en otros estados de la República, hasta el momento no cuentan ni siquiera con un espacio físico para asentarse; otras a las cuales ya se les asignó un terreno o inmueble, lo tienen vacío u ocupado apenas por un par de vigilantes que lo custodian en espera de la llegada de quienes habrán de ser sus compañeros de labores. No obstante, hay dependencias que ya llevan más adelantado el proceso de cambio, como es la Secretaría de Energía, cuya titular ya está despachando en Villahermosa, Tabasco, aunque reconoce que el pleno traslado de funciones aún está en espera y será muy paulatino.
No sería grato descubrir que más allá de la factibilidad o no de su mudanza, el cambio de sede para las dependencias estatales fuera solo una ocurrencia más de la que nunca se estudió su viabilidad ni costo, como podría ser también el caso del aeropuerto en Santa Lucía, que careció de buena parte de los estudios técnicos y de impacto ambiental necesarios antes de considerar su utilidad como reemplazo al proyecto de Texcoco, cuyas obras habían iniciado tras años de planeación. Ojalá que cuando se plantearan planes de esta envergadura, se hicieran considerando todos los pros y contras y, lo más importante, consultando y escuchando a todos los involucrados.
