La presencia y operatividad de organizaciones criminales poseen raíces profundas en diversas sociedades, adaptándose y evolucionando conforme a los contextos y circunstancias locales y globales. En el sur de Italia, ejemplares emblemáticos como la 'Ndrangheta, la Camorra y la Cosa Nostra, representan una estructura criminal tradicional, arraigada en la historia y cultura regional, y reconocida por sus estructuras jerárquicas basadas en lazos familiares y un control territorial marcado.
No obstante, en el mundo contemporáneo ha visto la emergencia de organizaciones criminales transnacionales que operan con estructuras modulares y horizontales. Estos conglomerados delictivos se conforman por pequeños grupos o células que se reúnen y colaboran por proyecto o negocio.
En México, los delitos de extorsión y narcomenudeo son predominantemente controlados por la delincuencia organizada, afectando en gran medida a los sectores más vulnerables y marginados de la población. Estos delitos, además de generar un clima de inseguridad, violencia e impunidad, deterioran el tejido social y minan la confianza en las instituciones. La magnitud del problema se refleja en los datos proporcionados por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2023. La extorsión alcanzó una tasa histórica y el narcomenudeo sigue en ascenso, y estas cifras podrían estar subestimadas debido a la alta incidencia de la cifra negra, que denota los delitos no denunciados o no investigados, que ascendió a un 93.2% en 2022, misma que refleja una falta de acceso a la justicia para las víctimas.
La disertación sobre la nómina de los grupos criminales puede desencadenar incontables análisis y discusiones, el modelo matemático no refleja la cantidad de personas que dependen económicamente de las actividades criminales, además el tamaño de la misma no es el indicador más fiel de la magnitud de la amenaza que representan para la sociedad. Lo verdaderamente trascendental y alarmante radica en el grado de penetración y corrupción que estos grupos logran inculcar en los estratos de la sociedad y las instituciones que la rigen.
Los municipios y los estados deberían tener un papel fundamental en la persecución y el combate de estos fenómenos delictivos. Sin embargo, se enfrentan a una serie de retos y problemas que limitan su capacidad de acción, como la falta de recursos, la corrupción, y la infiltración del crimen organizado en las corporaciones policiales conforman un caldo de cultivo que facilita y perpetúa las operaciones delictivas. Es esta penetración profunda la que permite a los grupos criminales apropiarse de actividades económicas lícitas, desdibujando la línea entre la legalidad y la ilegalidad, y entorpeciendo los esfuerzos por restaurar la ley.
La lucha contra la delincuencia organizada demanda la participación comprometida de la sociedad y trasciende a la necesidad de desmantelar la estructura operativa de estos grupos; es un llamado a restaurar la integridad y transparencia en nuestras instituciones, a fomentar una cultura de legalidad y a fortalecer los mecanismos de justicia y rendición de cuentas. Solo así se podrá desarticular la compleja red de influencia y operación de los grupos criminales, y empezar a sanar las profundas heridas que han infligido en el tejido social.
