¿Un millón de cámaras de vigilancia?

No es la primera vez en estos días de precampañas electorales que escucho como parte de una propuesta para mejorar nuestra seguridad que se instalarán más cámaras de videovigilancia. Sobre todo en la Ciudad de México -donde actualmente se encuentran operando más de 15,000 cámaras- los precandidatos han sido enfáticos en este tema.

Claudia Sheinbaum desde el 2017 propuso que para combatir la inseguridad se instalarían más cámaras de videovigilancia, y cuando ha hablado de números ha referido que se duplicarán y ha ido un poco más allá de la simple instalación al sostener que se modernizará el sistema de monitoreo.

Salomon Chertorivski propuso que en lugar de incrementar el número de cámaras que ya existen en la Ciudad de México se implemente una red integral con los comercios privados para que estos estén conectados al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), lo que me recordó a la reciente propuesta de Miguel Ángel Mancera quien en diciembre de 2017 anunció la conexión de las cámaras de seguridad de centros comerciales con el C5, que no es obligatoria.

Pero la propuesta que considero se encuentra fuera de lo factible y lo deseable, es la de Mikel Arreola y José Antonio Meade que hace unos días firmaron el “Pacto para Transformar la Gran Ciudad de México” en el que se incluye como propuesta la instalación de un millón de nuevas cámaras de vigilancia.

Hay varios temas a discutir. El primero y quizá más importante, es el asunto de la restricción presupuestal, es decir el impacto a las finanzas públicas que tendría la adquisición de un millón de cámaras considerando que en la Ciudad de México la primera fase de instalación de cámaras de videovigilancia durante 2008-2011 costó cerca de 10 mil millones de pesos y siendo que el costo unitario por cámara osciló en poco más de 4 mil dólares, pensemos: ¿Cuánto nos costaría un millón de cámaras?

En segundo lugar, la propuesta para instalar esta enorme cantidad de cámaras solo responde a un discurso acrítico que no hemos logrado superar en la Ciudad de México. Los ciudadanos seguimos demandado cámaras de videovigilancia y los políticos se abanderan con este tipo de propuestas. Sin embargo, debemos cuestionarnos si estás han funcionado, y debemos evaluar sí la implementación de esta política pública ha servido para prevenir el delito y procurar justicia como se tenía previsto.

Sin duda las cámaras de videovigilancia sirven para prevenir el delito, como lo reportan los numerosos casos difundidos en distintos medios de comunicación en los que se logra captar el momento preciso de la comisión del delito, y contribuir a la investigación y procuración de justicia. Pero estos casos son los menos, porque en realidad hay muchos delitos que aún y cuando ocurren delante de una cámara nunca son vistos por la autoridad o la víctima nunca tiene acceso a los videos, hay muchas historias de este tipo en donde las cámaras solo son un objeto inanimado que está inserto en el paisaje urbano.

Hay muchas historias en las que se le refiere a la víctima: “la cámara estaba dirigida hacia otro lado” “la cámara no estaba funcionando”, etc. Por cierto, respecto a este tema de las cámaras que no funcionan, recientemente se anunció que de las que estaban obsoletas o habían sido dañadas por actos vandálicos, 1,500 han sido sustituidas. Sin embargo, no estamos exentos de una respuesta por parte de la autoridad que nos niegue el acceso a un video registrado en alguna de estas cámaras. Entonces: ¿Para qué nos servirían un millón de cámaras?

Un sistema de videovigilancia eficiente, no consiste únicamente en la simple instalación de las cámaras, sino que también debe existir un sistema de monitoreo permanente que permita reaccionar de manera inmediata a las autoridades ante la comisión de un delito, pero cuantifiquen: ¿Cuántas personas se requerirían para monitorear un millón de cámaras? ¿De qué nos servirían tantas cámaras si la autoridad no tiene conocimiento de los hechos delictivos?

Insisto, en que la videovigilancia funciona. Hasta la precandidata Alejandra Barrales lo tiene claro y en su casa de más de 13 millones de pesos en Lomas de Chapultepec ha instalado sus respectivas cámaras de seguridad.

Pero, en la Ciudad de México es imprescindible que se realice una evaluación del funcionamiento de las cámaras de videovigilancia que han sido instaladas. Por parte del Gobierno de la Ciudad de México contamos con reportes estadísticos de los delitos registrados por las cámaras de videovigilancia desde el 2010 hasta el 2017 que revelan algunas cifras y que podrían reorientar el discurso, hacia uno basado en los resultados hasta ahora obtenidos.

Además, es tiempo de que se legisle en la materia, pocas entidades cuentan con un marco jurídico de videovigilancia y en la Ciudad de México el tema únicamente ha sido anclado a la Ley que Regula el uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal. Pero no se ha discutido mucho de nuestro derecho a la privacidad, que es un tema fundamental.

En síntesis, esta propuesta de un millón de cámaras es improcedente, no solo por el impacto presupuestal que representaría al erario público, sino porque no está respondiendo a política pública de videovigilancia hasta ahora implementada en la Ciudad de México. Es tiempo de abandonar este discurso acrítico de la videovigilancia como garante de la seguridad y empecemos a evaluar los resultados de esta política en la Ciudad de México para que podamos contar un sistema de videovigilancia más eficiente y que nos ofrezca mejores resultados a los ciudadanos.

Lucía Carmina Jasso López

Investigadoras del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM

Doctora en Políticas Públicas

@ObsNalCiudadano @CarminaJasso