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Tabasco, elecciones 2018 y la crisis de (in)seguridad.

26/02/2018
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Después de conocer los datos correspondientes al año recién concluido, podemos afirmar con certeza que 2017 es al año más violento de la historia reciente de nuestro país con una cifra de casi 30,000 víctimas de homicidios dolosos y la tasa de mayor valor de los últimos 21 años.

Tabasco, una de las entidades donde los próximos meses llamará a elecciones para renovar gobernador, alcaldes y diputados del Congreso del Estado no es la excepción a tan altos índices delictivos, pues al comparar el acumulado enero-diciembre 2017 con el mismo periodo de 2016 observamos incremento en los homicidios dolosos de 40.58%, homicidios culposos 18.20%, extorsión 74.32%, robo de vehículo 52.93%, robo a negocio 8.22% y violaciones 43.65%.

Alcanzado el registro histórico más alto de los últimos 21 años en las tasas por 100 mil habitantes de homicidio culposo (20.56), robo a negocio (230.12) y robo de vehículo (225.18), superando el promedio nacional 59.98%, 204.54% y 48.82% respectivamente.

De los doce delitos analizados, once se ubican en las primeras diez posiciones, únicamente el homicidio doloso permanece con tasa inferior a la del país, lo cual no representa tranquilidad pues al comparar los dos últimos años los homicidios intencionales cometidos con arma de fuego se incrementaron 118.95%.

En lo local tenemos al Centro con la tasa de mayor incidencia en ocho delitos (homicidio culposo, extorsión, robo con violencia, de vehículos, a casa habitación, negocio, transeúnte y violaciones) e incremento en 10 de ellos. Municipio donde se ubica Villahermosa, ciudad que de acuerdo a datos a la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) correspondiente al cuarto trimestre de 2017 reporta que 94.4% de los habitantes manifiestan sentirse inseguros, mientras el trimestre anterior la percepción fue de 98.4%. Estadística que autoridades locales celebraron como logro pues según su enfoque la inseguridad disminuyó pasando de ser la ciudad más insegura a la cuarta ciudad con mayor percepción de inseguridad.

Además del municipio anterior considerado como foco rojo, tenemos los siguientes que reportan las tasas de mayor valor:

Huimanguillo por homicidio doloso e incremento en dos delitos.

Macuspana reporta la tasa más alta por secuestro, abigeato e incremento en siete delitos.

Nacajuca le corresponde el registro más alto en lesión dolosa e incremento en seis delitos.

En todos los casos las tasas correspondientes a estos municipios superan el valor nacional y del estado.

Analizando al resto de los municipios observamos incremento de la siguiente manera: Paraíso en once delitos, Teapa en ocho, Cárdenas, Emiliano Zapata, Jalapa y Jalpa de Méndez en siete, Jonuta en seis, Tacotalpa y Tenosique en cinco, Balancán, Centla y Comalcalco en cuatro.

Para contextualizar la violencia, durante 2017 el robo de vehículos creció en quince municipios, el robo a casa habitación en doce, las violaciones en once, el homicidio doloso y robo a negocio en diez, el homicidio culposo en nueve, la extorsión en ocho, el secuestro y robo con violencia en siete, el robo a transeúnte en seis, el abigeato y lesión dolosa en cinco.

Ante este panorama ¿Qué esperamos los Tabasqueños de las y los candidatas (os) a alcalde y gobernador (a)?

En primer lugar, un reconocimiento a la crisis de violencia en la que se encuentra inmerso el estado, así como tema prioritario propuestas encaminadas a resolverlo. Pues según datos de la ENVIPE 2017 para el 66.8% de la población, la inseguridad es el problema más importante que aqueja a la entidad seguido del desempleo (58.3%).                                      

Posteriormente escuchar respuestas a algunas preguntas sobre:

  • ¿Cómo pretenden resolver la violencia tanto a nivel estatal como municipal?
  • ¿Cuáles son los programas enfocados en prevenir y disuadir los principales delitos?
  • ¿De qué manera pretenden fortalecer a las policías, fiscalías, ministerios públicos e instituciones de seguridad?
  • ¿Qué instrumento establecerán para dar transparencia a los recursos destinados a seguridad?
  • ¿Cuáles acciones se llevarán a cabo para disminuir la pobreza, generar empleos, combatir la desigualdad económica y reconstruir el tejido social?
  • ¿Qué tipo de diagnóstico realizarán para determinar las estrategias de seguridad?
  • ¿Cómo combatirán la impunidad?
  • ¿Cuáles son las propuestas enfocadas a atender el Sistema Penitenciario y la reinserción social?

Los niveles de violencia alcanzados en Tabasco y sus municipios no aguantan más promesas, discursos, simulaciones y ocurrencias, disminuir los altos índices delictivos requiere de estrategias, coordinación, voluntad política y participación ciudadana. Reconocemos esfuerzos aislados para atender y resolver el problema, pero preocupa que no existan responsables ante la creciente incidencia delictiva.

Resolver la crisis de inseguridad requiere de un diagnóstico preciso, diseño de estrategias locales, visión y trabajo a largo plazo acompañado de participación ciudadana e instrumentos de transparencia y rendición de cuentas, miente quien promete soluciones fáciles y milagrosas. Las autoridades deben responder por su desempeño, los tiempos han cambiado la sociedad ahora se involucra, informa y participa en resolver situaciones adversas. El trabajo que realizamos desde la sociedad civil no consiste descalificar, irritar o hacer bullying, nuestro objetivo es señalar los problemas que nos lastiman para junto a las autoridades encontrar soluciones. “Somos ciudadanos que buscamos trabajar junto a ciudadanos que se encuentran en cargos públicos para mejorar el entorno que habitamos” (1).

Nuestra participación cívica no concluye al emitir un voto, tenemos el derecho de exigir resultados y ser vigilantes en el uso de los recursos.

 

Julia Arrivillaga   

Directora de Análisis y Estadística de Observatorio Ciudadano Tabasco

@jarrivillaga @octabasco @ObsNalCiudadano

El Observatorio Nacional Ciudadano es una organización de la sociedad civil que vincula a las organizaciones civiles para potenciar su incidencia en las políticas y acciones de las autoridades.
 

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