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¿Qué dicen los nuevos datos de la extorsión?

31/10/2018
00:21
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Hace casi un año publiqué en este mismo espacio el artículo Extorsión y crecimiento económico: entre los datos y la teoría. Recuperé algunas estadísticas de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) y de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) y los contextualicé según los efectos de crecimiento económico que se derivan de la incidencia sostenida de la extorsión.

A partir de los nuevos datos, el diagnóstico parece haber mejorado. En 2017, las tasas de incidencia y prevalencia de extorsión por cada 100 mil habitantes disminuyeron 14 y 16% respecto a 2016 de acuerdo con datos de la ENVIPE. Por su parte, al considerar la evidencia de la ENVE, las tasas de incidencia y prevalencia por cada 10 mil unidades económicas decrecieron 21 y 18% respecto a 2015.

Otros datos a destacar de 2017 son los siguientes:

  • 93.2 y 86.9% de las extorsiones realizadas a hogares y unidades económicas son telefónicas.
  • En 6.8 y 8.3% de las extorsiones a hogares y unidades económicas se entregó lo solicitado.
  • En promedio, las unidades económicas víctimas de extorsión registraron una pérdida de 8584 pesos.
  • 27 de cada 100 unidades económicas tuvo conocimiento de extorsiones en los alrededores de su establecimiento.
  • Los estados que reportaron la extorsión como el delito más frecuente para las unidades económicas son: Baja California Sur, Nayarit, San Luis Potosí, Guanajuato y Michoacán.
  • Los estados que reportaron la extorsión como el segundo delito más frecuente para las unidades económicas son: Colima, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León, Quintana Roo y Veracruz.

Además de las consideraciones de crecimiento económico expuestas en el artículo en comento, es importante contextualizar el cúmulo de datos a la luz de las condiciones de seguridad vigentes. Una de las hipótesis más recurrentes que hay sobre la evolución reciente de las organizaciones criminales (ya sea que se dediquen o no al trasiego de drogas) es la que manifiesta la diversificación de las actividades delictivas a raíz de los operativos federales, las luchas por el control del territorio, entre otras causas.

El argumento sugiere que al debilitarse o modificarse su estructura interna, la organización opta por dedicarse con mayor o menor intensidad a ciertas actividades generadoras de ingreso y/o actividades que potencian o afianzan su poder político en un territorio determinado. Ejemplos de esta hipótesis abundan: contrabando, piratería, robo de hidrocarburos, secuestro, extorsión, trata de personas, participación en licitaciones públicas, captura de instituciones de seguridad y justicia, entre muchas otras. Esta hipótesis descansa en varios supuestos. A saber: 1) que la organización posee el conocimiento de la actividad a desempeñar, 2) que hay poca o nula competencia y 3) que todas las organizaciones responden de la misma forma.

Es una costumbre poco usual la de cuestionar este tipo de hipótesis que por su complejidad teórica, son difíciles de validar empíricamente desde una óptica agregada o macro. Dar por hecho que la hipótesis de diversificación delictiva se sostiene en todos los territorios, en toda circunstancia y para todo tipo de organizaciones delictivas se antoja un tanto arriesgado.

Bajo esta perspectiva, ¿cómo se inserta la extorsión en la hipótesis de la diversificación delictiva? En primer término, podríamos tomar en cuenta únicamente la extorsión presencial o mejor conocida como derecho de piso. La escena se replica en múltiples latitudes como Sicilia o Colombia, pero coincide en el pago obligatorio y periódico por protección (vista como el lado benigno por el atributo transaccional) o como extracción de rentas (lado maligno).

En segundo término, esta actividad cumple tres funciones relevantes desde el punto de vista criminológico:

  • Control sobre la población
  • Delimitación de un territorio
  • Recaudación de recursos con alta liquidez

A su vez, requiere que:

  • La amenaza ante el impago sea creíble
  • Los mecanismos de protección de las empresas sean demasiado costosos o ineficientes

En tercer término, el cobro de piso presenta diversas ventajas respecto a otras actividades más complejas como el trasiego de drogas o la trata de personas. Por ejemplo:

  • Se caracteriza por retornos crecientes a escala en regiones con actividad económica relevante
  • Existen pocos incentivos de denuncia para las víctimas lo que debilita la respuesta institucional (es el segundo delito con mayor cifra negra)
  • El uso de la violencia ante la falta de pago puede ser estratégico y servir como señal para quien hubiera considerado dejar de pagar (recuérdese el caso de Casino Royale en Nuevo León)

Este delito, en apariencia superfluo, puede referir dinámicas locales perniciosas que de no atenderse oportunamente afectará la dinámica económica regional. Tomemos el caso de Guanajuato. En años recientes, este es uno de los estados con mayor crecimiento económico pero que de un tiempo a la fecha se enfrenta a un escenario poco favorable en materia de seguridad. Dicho sea de paso,  esto ya se veía venir.

En 2014, el Observatorio Nacional Ciudadano advirtió sobre este deterioro (Incidencia de los delitos de alto impacto 2014). Un año después, señaló que las autoridades habían alterado los criterios de registro de la extorsión luego de que entre 2005 y 2013 se registrará un comportamiento creciente y muy volátil de este ilícito. En 2018, elaboramos un escenario de riesgo de esta entidad como parte del proyecto #PorUnMéxicoSeguro e identificamos que los homicidios dolosos continuarán creciendo a la par del robo de hidrocarburos.

Retomando la idea, ¿es el deterioro de la situación de seguridad en Guanajuato un ejemplo de la hipótesis de la diversificación delictiva? Aún no tengo la respuesta final, pero algo que llama la atención es que esta entidad no formaba parte de las principales rutas de trasiego de estupefacientes. Considero que, como analistas, tenemos la obligación de cuestionarnos todas nuestras ideas, propias y adoptadas, para entender con más detalle y precisión geográfica y temporal lo que está pasando.

 

 

Manuel Alejandro Vélez Salas                   

@VelezManuel                               

@ObsNalCiudadano

Subdirector de Investigación del Observatorio Nacional Ciudadano

El Observatorio Nacional Ciudadano es una organización de la sociedad civil que vincula a las organizaciones civiles para potenciar su incidencia en las políticas y acciones de las autoridades.
 

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