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Paridad de género y violencia política: las “Manuelitas” de Chiapas

17/10/2018
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En la historia reciente de nuestro país, la participación de las mujeres en el ámbito político nacional ha incorporado logros fundamentales que poco a poco van consolidando la presencia de la mujer en los puestos de elección popular. Una fecha es importante para contextualizar estos logros; el 3 de julio de 1955, día en que por primera vez la mujer mexicana emite su voto en unas elecciones federales a fin de integrar la XLIII Legislatura del Congreso de la Unión. Cierto es que la obtención del derecho al voto fue un logro cimentado en muchas batallas anteriores, hoy han pasado más de sesenta años y el rol de la mujer en los procesos electorales del país ha ido en ascenso.

A la fecha, cinco mujeres han participado como candidatas por la presidencia; Rosario Ibarra de Piedra (1982 y 1988), Cecilia Soto y Marcela Lombardo (1994), Patricia Mercado (2006), Josefina Vázquez Mota (2012) y Margarita Zavala (2018). A esto se suma un número creciente de mujeres gobernadoras, alcaldesas, senadoras o diputadas que son o han sido protagonistas de la vida política de su comunidad. De hecho, la LXIV Legislatura que entró en funciones el pasado 1 de septiembre es la más paritaria de la historia. La Cámara de Diputados está conformada por 50.8% de hombres y 49.2% de mujeres, mientras que el Senado de la República está compuesto por 51% de mujeres y 49% de hombres. Estos porcentajes hacen que México se ubique en el segundo lugar en porcentaje de representación política de diputadas a nivel federal, en comparación con 35 países de América Latina y el Caribe[1] cuya media se encuentra en 29.1% de participación de la mujer. Bolivia y Cuba ostentan el primer lugar con 53%.

Gracias a las reformas en materia electoral que hoy exigen a los partidos políticos cumplir con el principio de paridad en las candidaturas a cargos legislativos federales y locales, se ha sumado al objetivo de favorecer la igualdad sustantiva y al pleno ejercicio de los derechos de las mujeres. Sin embargo, es pertinente preguntarnos, ¿en qué medida impulsar la paridad de género en las elecciones contribuye al respeto absoluto de los derechos políticos de las mujeres? Debemos empezar a configurar respuestas a partir de las experiencias derivadas de las elecciones del pasado 2 de julio.

Si bien, estos ajustes constitucionales incrementaron el acceso de las mujeres en el ámbito político electoral, en términos prácticos, esto no garantiza de facto el respeto a los derechos políticos de las mujeres que resultaron electas en las elecciones recientes. Como ejemplo podemos mencionar el caso de las “Manuelitas” en Chiapas, lo cual deja ver una vez más que el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres no es un asunto que se construya por decreto; si no que, más bien, es un asunto de construcción de cultura política en el que deben involucrarse actores sociales como: la sociedad civil, el poder legislativo, las instituciones electorales y los partidos políticos.

 

Las “Manuelitas”: ¿paridad simulada?

El pasado mes de septiembre, se dio conocer a la luz pública el caso de al menos 51 mujeres que renunciaron a los cargos para los que fueron postuladas como diputadas o regidoras con el objetivo de dárselos a hombres. Los hechos sucedieron en el estado de Chiapas y los partidos políticos involucrados son el Partido Verde (PVEM), Nueva Alianza, Mover a Chiapas, Chiapas Unido y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Todo empezó el 6 de septiembre cuando 25 regidoras y 10 diputadas locales renunciaron a sus puestos políticos para dejarlos en manos de hombres. La mayoría de las renuncias correspondían a militantes del Partido Verde y de los partidos locales Mover a Chiapas y Chiapas Unido, todos apoyados por Manuel Velasco, gobernador del estado. Las declinaciones se registraron en los municipios de Pichucalco, Tuxtla Chico, Frontera Hidalgo, Frontera Comalapa, Suchiapa y Mapastepec. 

Aunque las "Manuelitas" presuntamente dimitieron por voluntad propia, el instituto electoral de Chiapas advirtió que podrían estar siendo víctimas de violencia política; incluso Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) acusó a los partidos involucrados de incurrir en la ilegalidad y de defraudar la ley con la intención de violar el principio de paridad de género.

Tres días después el número de mujeres electas que renunciaron a su cargo ascendía a 43. Adriana Favela, integrante del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) en entrevista con diversos medios de comunicación explicaba que, con base en información del Organismo Público Local Electoral (OPEL) de Chiapas, en la mayor parte de estos casos se trata de mujeres a quienes se les orilla a desistir de ejercer como diputadas locales o regidoras de representación proporcional a través de engaños. El dicho de la consejera detalla que el argumento que usan los partidos para hacerlas desistir de su cargo, consiste en mencionarles que, debido a que no ganaron como candidatas de mayoría relativa deben renunciar a su postulación, sin informarles que lograron obtener una curul o una regiduría plurinominal.

En algún punto de esta historia se confirmaron 67 casos de presuntas renuncias manipuladas, ya que posiblemente ocurrieron en medio de presiones políticas ejercidas por sus propios partidos. Los municipios donde la situación se hizo más evidente fueron Mapastepec y Tuxtla Chico, ya que el PVEM y Chiapas Unido registraron renuncias de todas las mujeres que buscaban ocupar esos puestos.

Las renuncias manipuladas a un cargo de elección popular son consideradas una forma de violencia política de género, ya que se les niega a las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos. El caso de las “Manuelitas” denota la coerción de la que han sido víctimas ya que al parecer fueron engañadas por personas de sus partidos. Si bien a la fecha no existen denuncias de amenazas físicas ni verbales, también es importante señalar que en muchos casos las mujeres no se atreven a denunciar ese tipo de amenazas por miedo a sufrir represalias, por lo que será fundamental que las autoridades electorales se acerquen a ellas para investigar qué tipo de presiones existieron tras sus renuncias, pero lo que resulta aún más urgente es impulsar en el Congreso que se tipifique como delito la violencia política de género, para que casos como el de las mujeres electas en Chiapas tengan un respaldo jurídico frente a atropellos como éste.

Con el caso de las “Manuelitas” salió a la luz que uno de los posibles beneficiados sería Luis Humberto Morales Paniagua, asistente del gobernador Manuel Velasco. Morales Paniagua accedería a una diputación plurinominal por el PVEM debido a que dos diputadas electas de su circunscripción renunciaron. En medio del escándalo, el secretario del gobernador tuvo que renunciar a la posibilidad de ser diputado local.

Resulta imposible de creer que todas las mujeres electas en un municipio renunciaran a su cargo por iniciativa propia. En este contexto, para evitar especulaciones, los órganos electorales deben ofrecer certezas normativas que respalden los derechos de las mujeres que se involucran en la vida política de su comunidad. No basta con exigir a los partidos políticos regirse con el principio de paridad de género. Hay mucho más que hacer. Después de que el INE, el OPLE y el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Chiapas pidieron a los partidos políticos de las mujeres que habían dirimido, presentar información al respecto y seguir las reglas del juego, al menos siete de ellas decidieron regresar a ocupar el cargo.

El resultado de las elecciones en Chiapas nos deja ver que existen pendientes en la construcción de la democracia que están vinculados con el tema de violencia política y violencia política ejercida en contra de las mujeres por razón de su género. A principios de octubre, esta entidad concluyó su proceso electoral con 10 elecciones anuladas por actos de violencia y una investigación ante la Fiscalía estatal por violencia política contra las mujeres, caso en el cual aún no conocemos a los responsables. Las elecciones anuladas por tribunales electorales se deben a que militantes de partidos generaron violencia el día de las elecciones en Bejucal de Ocampo, Catazajá, Chicoasén, El Porvenir, Montecristo de Guerrero, Rincón Chamula San Pedro, San Andrés Duraznal, Santiago El Pinar, Solosuchiapa y Tapilula. Debido a esto, la jornada electoral extraordinaria se celebrará el 25 de noviembre de 2018. Mientras, los órganos electorales deben trabajar en el logro de avances legislativos para garantizar, cada vez de mejor manera, los derechos políticos de las mujeres en México.

 

Norma Angélica Bautista Santiago

Investigadora del Observatorio Nacional Ciudadano

@normaoax @ObsNalCiudadano

 

[1] Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (2018). Poder legislativo: porcentaje de mujeres en el órgano legislativo nacional. Datos actualizados.

El Observatorio Nacional Ciudadano es una organización de la sociedad civil que vincula a las organizaciones civiles para potenciar su incidencia en las políticas y acciones de las autoridades.
 

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