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Desde que el presidente López Obrador anunció su intención de crear una Guardia Nacional para afrontar el reto de inseguridad y violencia por el que atraviesa el país, no han faltado análisis, críticas y explicaciones a favor y en contra del proyecto. La mayor parte de ellas se han focalizado en el riesgo que supone la militarización del país y el abandono de los esfuerzos por profesionalizar a las policías. Además, se resalta la vaguedad de la propuesta y los varios huecos que se preveen en un escenario con un mando civil en lo administrativo y otro militar en lo operativo. Parece, pues, que todo está dicho y que, dado lo inminente de su puesta en marcha, lo único que nos queda es insistir, cada quien en su postura, tanto como sea posible.
Sin embargo, este proyecto, como en su momento otras iniciativas que buscaban recentralizar el control de las múltiples policías, comparten otro punto ciego: la Guardia Nacional representa un intento de centralización no sólo en un escenario de realidades locales profundamente distintas, sino uno en el que las tareas policiales han experimentado un proceso de multilateralización desde, por lo menos, la década de los 90.
Para comprender este contexto, es importante subrayar la diferencia entre la noción de “policía” y aquella de “tarea policial”, (lo que la literatura anglosajona se ha esforzado en distinguir con los términos police y policing, respectivamente). Esta distinción es importante por dos razones: 1) porque permite ampliar el foco del análisis pasando de examinar las agencias de profesionales uniformados que proveen protección a nombre del Estado (las policías), a la producción de seguridad a través del uso potencial –e indirecto- de la fuerza, el policing (Jobard y de Maillard, 2015) y; 2) porque desde esta distinción se hace más difícil pasar por alto que, a nivel mundial, las tareas policales han pasado por un proceso de transformación que ha implicado la pluralización de la provisión de protección, o bien la “multilateralización” de la misma. ¿Qué significa esto último y por qué es importante traerlo a cuento en tiempos en los que se discute la creación de la Guardia Nacional?
La multilateralización supone que el conjunto dinámico de labores asociadas con mantener el orden y proveer seguridad recaen en diversas manos, adscritas a agencias públicas, privadas o híbridas. Esta transformación se expresa, por ejemplo, en la fragmentación y diversificación de los actores estatales que, en los tres niveles de gobierno, participan en la cadena de provisión de protección. En este sentido, no sólo hablamos de más de dos mil cuatrocientas policías distintas, sino de mútiples agencias especializadas de atención a delitos específicos, con diferentes niveles de profesionalización, presupuesto, responsabilidad, apoyo político, atención del ojo público y, seguramente, probidad. Al margen de que poco, o nada, sabemos de éstas últimas, en el proyecto de implementar la Guardia Nacional se asume que esta diversidad de agencias estatales y municipales, de algún modo, se van a alinear y a comenzar a funcionar en sintonía con el cuerpo creado por el presidente. Se antoja dificil, por no decir imposible.
Se ha hablado de la Guardia Nacional como una institución de Estado que perdurará más allá del sexenio. Al mismo tiempo, la estrategia presentada al Congreso por el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, plantea apuntalar las corporaciones locales a través de un nuevo modelo policial. Es debatible hasta qué punto estos objetivos son complementarios o contradictorios, pero en lo que cabe menos duda es que alinear los incentivos de todas las corporaciones con una institución en ciernes no será sencillo. En la práctica, contarán muchos factores entre los cuales es posible que los patrones de inseguridad y violencia ni siquiera sean los de mayor peso.
Otra expresión de la multilateralización, quizá más compleja de considerar en los “cómos” de la Guardia Nacional, es que parte del policing es cotidianamente operado por agentes privados o híbridos. Hablamos, claro, de la industria de seguridad privada que, según cada entidad federativa, tiene distintos niveles de regulación y formalidad. Pero no sólo eso, también nos referimos a otras formas de auto-protección que distintos grupos sociales han implementado y que no necesariamente se pueden delimitar (y regular) como privados. Por ejemplo, en algunos barrios de clase media se hacen acuerdos con la policía municipal para que se multipliquen los patrullajes y se simplifique la comunicación entre los ciudadanos y los cuerpos policiales, a cambio de una contribución económica de los vecinos que obra como sobre-sueldo de los policías. Desde luego, este tipo de casos representa no sólo todos los riesgos que entraña la discrecionalidad e informalidad que los rodea, sino un reto para cualquier política pública de seguridad. En estos escenarios, los incentivos son otros, los actores involucrados y las condiciones en que se desarrollan son distintos. Ahí, palabras tan trilladas como “coordinación” resultan limitadas y simplistas.
Lo que hasta hoy sabemos de la Guardia Nacional genera muchas preguntas que el gobierno federal no parece estar en condiciones de responder hasta el momento. Sí, hay que insistir en los riesgos de militarizar el policing y en la importancia de fortalecer a los cuerpos policiales. Además, hay que subrayar qué significa una política pública que asuma la complejidad de lo local. En ese sentido, la multilateralización del policing es una buena manera de ir definiendo, más allá de lo atractivo que resulta el término, qué es eso de “lo local”.
María Teresa Martínez
Estudiante de Doctorado en Sciences Po, París
Investigadora del Observatorio Nacional Ciudadano
@TereMartinez @ObsNalCiudadano
F. Jobard, J. de Maillard (2015), Sociologie de la police. Politiques, organisations, réformes, Paris: Armand Colin, pp. 298.
